Uno de los elementos más frustrantes -y frecuentes- de la política es cuando reformas importantes se hacen sin los estudios necesarios, recurriendo a elementos tan básicos como la intuición o la fijación ideológica. Legislar a ciegas y sin estudios de impacto -lo que estamos haciendo con la reforma tributaria y educacional- es tan irresponsable como intentar aterrizar un Boeing 767 sin instrumentos de navegación. La única diferencia es que los políticos no vamos arriba del avión, piloteamos desde la torre de control (pocos políticos tienen a sus hijos en colegios municipales).
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Lo anterior no es menor desde el punto de vista ético. Cuando un doctor atiende a un paciente debe seguir una serie de protocolos y exámenes antes de determinar el tratamiento. Lo mismo ocurre con los remedios; antes de autorizar la distribución de una nueva fórmula es necesario realizar una serie de estudios y evaluaciones sobre su impacto. A los ingenieros también les pasa algo parecido. Antes de construir un edificio es necesario contar con un estudio de cálculo, y el ingeniero es responsable ante los tribunales de justicia en caso de error.
Curiosamente para los políticos la situación es completamente distinta. La ciudadanía está expuesta a nuestros errores e improvisaciones. No existe protocolo a seguir al momento de diseñar reformas. Podemos –y de hecho lo acabamos de hacer– aprobar una reforma tributaria sin contar con un estudio sobre su impacto en empleo o en inversión. También podemos aprobar una reforma educacional donde el estado se dedique a comprar colegios particulares subvencionados sabiendo que su impacto en la calidad es nulo.
Lo cierto es que frente a la coyuntura de la reforma educacional es necesario tomar decisiones. O usamos los recursos de la reforma tributaria para construir una cancha realmente pareja para nuestros niños –priorizar educación preescolar y subir la subvención de 90 a 170 mil pesos–, o usamos esos recursos en entregar educación superior gratuita (y en comprar colegios). La cantidad de recursos disponibles nos obliga a elegir. No disponemos de recursos para ambas cosas. La mala noticia es que según el programa de gobierno la reforma educacional se va a inclinar por la segunda alternativa.
Si esto ocurre –es decir si Eyzaguirre accede a la petición de gratuidad en la educación superior que han realizado por largo tiempo diputados como Camila Vallejo o Giorgio Jackson– estaríamos cometiendo un profundo error en el diseño de nuestra política social. En la página 29 de su último libro “Cambio de Rumbo” Mario Waissbluth advierte sobre lo mismo: “Los párvulos y los estudiantes de básica no marchan y no se toman sus escuelas. Entonces existe el grave riesgo de que las inversiones políticas y financieras se concentren ahí, en una suerte de genuflexión de la clase política a los estudiantes de educación superior”.
¿Es tan grave? Desafortunadamente sí. En tres años más no tendremos la posibilidad de volver a realizar una reforma tributaria. Por lo mismo no podemos darnos el lujo de desaprovechar esta oportunidad. Necesitamos que al gobierno le vaya bien, y para eso debemos exigirle al ministro Arenas y al ministro Eyzaguirre al menos la misma rigurosidad que le exigimos a los pilotos, a los médicos, a los químicos y a los ingenieros. Es fundamental lograr que la reforma educacional sea un verdadero golpe a la profunda desigualdad de oportunidades que impera en nuestro país, y la única forma de lograrlo es dejando las genuflexiones a un lado y cambiando los eslóganes políticos por medidas que cambien sustancialmente la calidad y equidad del sistema.
