La semana pasada pudimos escuchar la visión del profesor Fernando Atria sobre la reforma educacional en la Comisión de Educación de la Cámara. Atria es uno de los intelectuales que inspira el relato de la izquierda chilena en estos días y por lo mismo no fue sorpresa que intentara darle soporte y coherencia conceptual a la reforma. Su línea argumental está centrada en la idea de los derechos sociales.
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Hasta antes de escucharlo debo reconocer que pensaba que la metáfora de Eyzaguirre sobre los patines –la idea de que es necesario quitarle los patines a los colegios subvencionados- había sido un chascarro. Desgraciadamente estaba equivocado y Atria lo dejó claro. Se centró en defender la reforma argumentando que con ella la educación pasaría a ser un derecho social.
Su presentación fue elocuente, pero mientras escuchaba sus argumentos pensaba que (1) bajo la legislación vigente en Chile el acceso a la educación escolar es un derecho y (2) también una obligación. Por ley es obligatorio asistir a clases hasta cuarto medio, la Subvención Preferencial entrega más recursos a quienes más lo necesitan y la cobertura escolar es prácticamente universal.
La única forma de que la exposición de Atria tuviese sentido en nuestra realidad era agregando la palabra “calidad”. Nadie podría decir que la “educación de calidad” es un derecho al cual todos pueden acceder, independiente del nivel socioeconómico. Ese es el desafío que nos permitirá construir una sociedad justa.
Entonces le pregunté directamente si hablar de educación como “derecho social” implicaba hablar de calidad, dado que el derecho al acceso a la educación escolar hoy es problema resuelto. Estuvo en completo descuerdo. Para Atria el derecho social no tiene relación con asegurar un mínimo de calidad en la educación, sino con que todos puedan tener acceso al mismo estándar. No hay problema con nivelar hacia abajo, o con sacarle los patines a los colegios subvencionados. Nadie debiera espantarse por esta posición. Es sano que el Gobierno sincere su filosofía y es consistente con el texto de la reforma, donde se exige a aproximadamente 500 mil familias nivelar hacia abajo en la inversión que hacen para poder terminar con el copago.
Lo más triste es que estamos perdiendo la oportunidad de tener una gran reforma y poder mejorar la educación pública para que los padres vuelvan a optar por ella. De hecho el medio electrónico Dínamo le preguntó directamente a Atria si acaso no era mejor estrategia nivelar hacia arriba la educación pública. Su respuesta fue clara: “Creo que empezar por corregir la educación pública es un profundo error. El gran problema de la educación pública es la educación particular subvencionada”.
Todavía queda mucho paño que cortar y esperemos que al igual como ocurrió en la Reforma Tributaria, podamos reaccionar a tiempo. Todos compartimos el sueño de construir un país más justo e inclusivo, pero no tiene sentido que la forma de hacerlo sea la añeja formula de nivelar hacia abajo. Ese atajo nunca ha llegado a buen puerto y los apoderados no están dispuestos a seguir ese camino.
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