Con el objetivo de disminuir los muertos y heridos derivados de la siniestralidad vial, de manera inédita en la región, el gobierno de Ecuador modificó la normativa de seguridad de los automóviles que se comercializan adoptando una serie de regulaciones técnicas decretadas por la ONU, que certifican que todos los modelos nuevos que ingresan al mercado sean capaces de proteger debidamente a los ocupantes ante un choque.

De esta forma, se exigirán pruebas de colisión frontal, lateral, en los sistemas de frenados y ensayos en los anclajes de los cinturones de seguridad y de los sistemas de retención infantil. Además, será obligatorio el control electrónico de estabilidad, cuya tecnología reduciría en un 50% los siniestros con resultado de muerte.

Por todo lo anterior, resulta sorprendente que en un país como Chile -en el que fallecen mil 600 personas y otras 60 mil resultan lesionadas al año en siniestros viales-, aún no tenga una norma técnica sólida y eficiente que garantice un estándar mínimo de seguridad de los autos que se internan.
 
Para disminuir la mortalidad y los heridos que provocan los siniestros de tránsito, las características de seguridad del vehículo son un factor fundamental. De hecho, no es casualidad que Chile haya sido escogido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y por el programa internacional Global NCAP para ser sede del evento mundial “Stop the Crash”, cuya iniciativa busca promover las tecnologías más importantes de la seguridad automotriz para la prevención de siniestros viales.

También seremos sede del  Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil (Fisevi), que reunirá a expertos de todo el mundo para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para una mejor gestión de la seguridad de tránsito de menores que incluyó un módulo sobre la importancia de contar con automóviles más seguros para reducir la tasa de fallecidos y heridos de niños en nuestras vías cuyo incremento es preocupante: el 2015 fallecieron 44 menores de 12 años en siniestros viales y 230 heridos, algunos de ellos con lesiones invalidantes.

El problema de la seguridad no está en los vehículos de alta gama, sino en aquellos modelos a los que acceden las familias de menores ingresos, que no pueden optar a seguros médicos o de vida, y que están obligados a pagar hasta un 30% más por las tecnologías que salvan vidas.

Está comprobado que el nivel de seguridad de los autos dependen de las leyes que tenga cada país y es el Gobierno el que debe acelerar y establecer los parámetros para exigir que cada fabricante ofrezca vehículos confiables.

Todas las marcas que operan en Chile saben producir autos que cumplan esas normas ONU para algún mercado del mundo. ¿Por qué no es posible democratizar la seguridad en nuestro país? Si las autoridades adoptaran, al menos, seis normas de las más de 130 que propone este organismo internacional, los consumidores tendrían la certeza, que indistintamente del origen de la marca o de la versión que compren, estarían adquiriendo automóviles aptos para protegerlos.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro