Ya estamos en modo elecciones. En los próximos días se realizará el proceso de primarias municipales, para dar paso a la elección de alcaldes y concejales; y no nos daremos cuenta cuando, en menos de un año, ya veamos en la vía pública, en los diarios y la televisión a un sinfín de candidatos que desean llegar al Congreso. Ahí vendrá la lluvia de ofertas para los ciudadanos.

De ninguna manera soy una persona que no crea en el sistema. Sin embargo, como lo he dicho en más de una ocasión, me indigna el aprovechamiento, el abuso de poder y me indigna la inequidad que tenemos como país… en esa lluvia de ofertones, vendrá la variable discapacidad, porque la suma de personas con discapacidad puede hacer la diferencia en la elección de un postulante al parlamento.

Sí, tal como lo escucha. El último estudio de discapacidad señala que el 20% de las personas mayores de 18 años tiene discapacidad. Sí, 20%. Cifra suficiente para cambiar los resultados de una elección popular.

Cuál es el problema, se preguntarán ustedes, si las personas que trabajan en el tema justamente buscamos que se releve su situación. El problema, es el olvido.
Las cifras no mienten. Entre 1990 y el 2015, 106 proyectos de ley en materia de discapacidad fueron ingresados al Congreso. De ellos, sólo 16  lograron ser aprobados y se transformaron en leyes. Los demás se mantienen en tramitación legislativa o fueron archivados por falta de discusión.

Entenderán  entonces mi escepticismo, cuando se trata de ver el real interés que las autoridades legislativas tienen sobre las personas con discapacidad del país.
No desconozco que hay unos pocos que pueden desear cambiar las cosas, pero también veo como son “consumidos” por otros temas que tras cuatro u ocho años, dependiendo del tiempo de ejercicio, los hace dejar atrás una materia que afecta a más de 2 millones 600 mil personas con discapacidad, según la II Encuesta Nacional de Discapacidad.

El punto es que los anuncios presidenciales no bastan, tampoco el esfuerzo que pongan organizaciones como la nuestra, porque hasta ahora la mayor parte de las iniciativas legales que llegan al Congreso son letra muerta o terminan en un cajón olvidadas.

Cuando recuerdo que una ley promulgada en el gobierno militar –aún vigente- permite que las personas con discapacidad intelectual no reciban el sueldo mínimo y nadie la ha derogado o anulado… me indigna, considerando que un senador gana 80 veces más que un sueldo mínimo; que un diputado gana 40 veces más… cuando nuestras autoridades no se ponen en los zapatos del otro.

Por eso me atrevo a hacer un llamado a cada diputado y senador de la República, para que cambiemos la forma de hacer política. Para que la política también sea inclusiva y tenga el espacio y el tiempo que se merece.

Pero, por sobre todo, hago un llamado a cada ciudadano para que tengamos un rol fiscalizador a la hora de elegir un candidato, que sus promesas hayan sido cumplidas y no hayan quedado en el olvido.

Como chilenos, ciudadanos y habitantes de este país, también tenemos un rol. Debemos exigir, porque las leyes que emanen del Congreso, las normas que surjan del Parlamento podrán –en más de una ocasión- hacer la diferencia para hacer un Chile más justo y equitativo para todos y todas.

Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F.: 227351969 – 227370118; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.

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