El 29 de octubre fue publicada la Ley 20.957, que permite que personas en condición de discapacidad puedan ejercer como jueces o notarios en el país; situación que les impedía el Código Orgánico de Tribunales.

Es una norma necesaria, que elimina un prejuicio, pero que lamentablemente lo hace sólo desde el papel. Los 31 años de experiencia que tenemos en Fundación Tacal y la mía profesional, demuestran que no hay inclusión laboral posible si no existe intermediación con las empresas o instituciones, cualesquiera sean éstas.

En una entrevista en Radio Duna hablando sobre este tema, me preguntaban si no  tenía “una postura egoísta, por no darle una oportunidad a la ley”. Les señalé  que las leyes se pueden llevar adelante, pero que siempre se requerirá de un “Pepe Grillo” que nos inste a avanzar para que la norma se cumpla.

Se los ejemplifico. En 1995 se publicó una norma  que exigía a los edificios de uso público que las personas con discapacidad pudiesen acceder a dichas infraestructuras. El Ministerio de la Vivienda hizo un catastro de cumplimiento e imagínense…  la gran mayoría no cumplió. ¿Por qué necesitamos que nos obliguen para cumplir con lo mínimo de una ley? ¿Qué debemos hacer para botar los prejuicios y dar paso a un país más justo para todos?

De esa experiencia puedo asegurar que si no acompañamos a la gente para que entienda porqué hacemos algo, porqué se aplica una determinada norma, la posibilidad de que esa ley sea una realidad, es escasa. Lo mismo ocurre cuando postulan dos personas al mismo cargo, uno con y otro sin discapacidad. ¿A quién contratan? Lo más probable es que si no hay acompañamiento en ese proceso, decidan contratar a la persona sin discapacidad. Nos asusta lo desconocido y si no han tenido experiencia previa, lo más probable es que decidan no recorrer ese camino.

Capacitar a las personas con discapacidad es sólo parte del proceso. Para lograr la inclusión, no solamente se debe buscar el trabajo según competencias, sino que realizar un acompañamiento que, en nuestro caso, dura un año a partir de la contratación. Se debe  intermediar para que las leyes sean efectivas, porque la inclusión no se logra por decreto. Nosotros no le pedimos caridad al empresario, le solicitamos una oportunidad.

Este proceso es caro, nadie lo paga. Pero en Tacal tenemos claro que es una inversión que vale la pena, porque lo más difícil no es eliminar una barrera arquitectónica, lo más difícil es eliminar la barrera cultural.

Espero que la Corte Suprema y el Estado tomen en cuenta estas experiencias, para que una norma tan positiva sea un bastión de inclusión, un ejemplo para romper barreras y no se convierta en letra muerta. Así sea…

*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.

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