La Convención del año 2008 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile, señala en materia de trabajo y empleo: “Los estados partes deben promover el ejercicio del derecho al trabajo y adoptar medidas pertinentes, entre otras cosas, para promover el empleo en el sector privado y velar por que se realicen ajustes razonables en el lugar de trabajo. Los estados partes deben emplear a personas con discapacidad en el sector público”.

Durante este año 2016 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad presentó observaciones finales sobre el informe inicial de Chile. Entre muchas, manifiesta gran preocupación por la brecha existente entre las personas con y sin discapacidad en materia de empleo y remuneraciones e insta al país a adoptar estrategias que de verdad permitan disminuir las diferencias, que tengan indicadores medibles y plazos efectivos para reducir la brecha en materia de trabajo.

Es decir, que las personas con discapacidad puedan optar a empleos, decentes y con remuneraciones iguales a las de sus pares, tanto en la empresa pública como privada.

Algo que podría verse como normal y natural. La verdad es que, en este país, las personas con discapacidad viven en forma muy dificultosa la inclusión al medio laboral y a la igualdad de salario.

Basta revisar la ley 18.600, creada y promulgada bajo el gobierno militar que en uno de sus articulados permite que una persona con discapacidad intelectual pacte libremente su sueldo sin respetar el sueldo mínimo. Lo más triste de esto es que hay empresas que aún usan la ley y tienen durante años mano de obra barata y, lo que es peor aún, autorizada por ley.

Nuestra legislación autoriza al empresario no ético tener trabajadores que ni siquiera ganan el sueldo mínimo. ¿De qué trabajo decente estamos hablando entonces?

¿Qué pasa que no hemos derogado esta ley?¿Por qué nuestros gobiernos, de cualquier orientación política, no derogan o modifican este artículo que a todas luces discrimina a las personas con discapacidad intelectual respecto no sólo de los demás trabajadores, sino también respecto de personas con discapacidades distintas a la intelectual?

Tenemos mucho que avanzar como país. La Convención es importante, pero mucho más es volver a los caminos de la ética y la justicia social en todo ámbito. Ojalá que esto sea el inicio de más oportunidades para incluirse laboralmente y cada vez sean más las personas que puedan demostrar que lo que necesitan es una oportunidad para que se conozca el tremendo potencial que tienen para aportar al desarrollo de la empresa y el país.

Tenemos mucho que avanzar como país, la brecha laboral entre personas con y sin discapacidad es indignante.

*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F.: 227351969 – 227370118; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.

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