Como ante la justicia, en la comuna en que se vive, en el control preventivo de identidad y frente a la salud y la educación, también en las pensiones hay chilenos de primera y de segunda.

Los de primera tienen acceso a la justicia y se les mide con una ley y vara distinta (delitos de cuello y corbata, justicia militar), no sufrirán riesgos en el control preventivo de identidad, pueden pagar por la mejor educación y salud; viven en viviendas amplias y calles con áreas verdes y hoy sabemos que pueden conseguir pensiones millonarias. Los de segunda, no viven ni vivirán nunca esa realidad.

La jubilación que se le paga a Miriam Olate, la ex esposa del hoy presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, expone el Chile de hoy. El de privilegios, el de círculos de poder, el de injusticias, el de primera y segunda clase. Por eso la indignación y la rabia.

Primero, se trata de la clase que hoy nos gobierna, que hoy nos regula. ¿Cuál es el sentido de ocupar un cargo público? ¿Cuál es la motivación? Hoy sabemos que muchos de los cargos públicos mejor remunerados son ocupados respondiendo a lógicas partidistas. Están cuoteados y obedecen a lealtades establecidas en época de elecciones, "tú me ayudas, yo te ayudo".

¿Cuántas familias trabajan hoy en el Estado? ¿Cuántos apellidos se repiten en la Cámara de Diputados y en asesorías ministeriales? Legítimamente, como ciudadanos podemos preguntarnos: ¿son los mejores para sus cargos?

Es por esto que pasa y por las preguntas que nos hacemos que aparece tan polémica la pensión entregada de por vida a Miriam Olate con cuenta al fisco, al impuesto que pagamos todos los chilenos. ¿Tenemos derecho a hacer estas preguntas? Claro que tenemos derecho.

También tenemos derecho a preguntarnos por la coherencia de un militante socialista que ha sido ministro del Trabajo, diputado y presidente de su partido. Que siempre ha destacado que sigue viviendo en el mismo barrio donde se crió, que en su base ideológica busca representar al obrero, al vulnerable, y la jubilación de su esposa es 15 veces la del 95% de las personas que él representa.

Cuando lleva años en la administración del Estado y en la Cámara de Diputados, sin embargo no hay cambios en un sistema instaurado en dictadura, al que fueron obligados casi todos los chilenos y que nos entrega pensiones de hambre.

Cómo ciudadanos, ¿no tenemos el derecho a debatir sobre nuestras propias pensiones? ¿No hay posibilidad de una discusión social y resolutiva respecto a las pensiones de un grupo privilegiado (Fuerzas Armadas y de Órden) y la del resto de los chilenos? ¿Por qué no lo han hecho nuestros representantes en el Congreso? Ahora sabemos la influencia gigante del dinero en la política. ¿Es justo preguntarse por la influencia o captación de las AFPs a nuestro sistema político? No sólo es justo preguntarse, sino que es necesario. Y también es necesaria una respuesta.

Hoy, este año 2016, el fisco aportó mil 500 millones de millones de pesos (no me equivoco al escribir dos veces la palabra millones),  para pagar las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Órden. El promedio de estas pensiones alcanza los 816 mil pesos, mientras que los jubilados de AFP en un 95% recibe hasta 159 mil pesos. ¡Es un escándalo! Pero es un escándalo que no se aborda, que no se frena, que no se discute. ¿Es acaso porque a la clase que nos gobierna no le importa o no le afecta?

Yo espero que el impacto de este caso no se quede sólo en una guerrilla política contra Andrade, aunque corresponde que dé explicaciones más allá de si se trata de algo legal o no. Y que profundicemos en cuestionar el sistema de AFPs y cambiarlo; y revisar el desangramiento de millones de millones de pesos del Estado en asegurar pensiones a un grupo pequeño de chilenos.

Principalmente hoy, cuando el ministro de Hacienda repite por educación, salud y jubilaciones... que no hay más plata.

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