El impulso social por transformar la educación decantó en la promesa de la Nueva Mayoría de hacer reformas al sistema. Vivimos la etapa final de este proceso con el proyecto de educación superior en el Congreso, pero lo cierto es que éste carece de apoyo social y ha sido rechazado por todos los actores educativos.

El porqué de esta situación radica en que más que avanzar hacia una nueva educación, lo que se hace es profundizar el negocio.

Mientras en el debate público las propuestas provenientes del mundo educacional fueron las protagonistas, el proyecto fue sobredeterminado por intereses que responden a vínculos entre la casta política y el empresariado, que una vez más demuestra ser el actor con mayor capacidad de influencia en las definiciones que rigen al país.

En concordancia con entender la educación como un negocio, hoy la principal fuente de financiamiento de las instituciones privadas es el Crédito con Aval del Estado (CAE). Creado por Ricardo Lagos el 2005, fue presentado como una puerta para que más estudiantes ingresaran a la educación superior, pero en la práctica ha sido una vía de expansión de matrícula en instituciones de dudosa calidad.

Durante años y a través del presupuesto fiscal se ha asegurado el financiamiento a estas instituciones y a los bancos, llegando a comprender el 35% de los recursos que se disponen para educación superior. En contraste, el financiamiento para la educación pública disminuye año a año.

Dar un giro a la tendencia privatizadora apostando a terminar con el endeudamiento y priorizando el crecimiento de la matrícula pública es el camino que debe seguirse en la ley de presupuesto y en la reforma, de lo contrario se seguirá engrosando el enriquecimiento de unos pocos y las grandes mayorías seguiremos al alero del mercader de turno.

Este domingo 4 de septiembre nos encontraremos en las calles para decir fuerte y claro que el negocio redondo de bancos y empresarios de la educación debe terminar.

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