Se estima que el fraude masivo de la empresa AC Inversions habría afectado a unas diez mil personas y generado un daño económico de unos $70 mil millones. Es por esta razón que junto al diputado Gabriel Silber y los afectados por el cierre de la firma, presentamos una denuncia por estafa que se suma a la interpuesta por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) ante el Ministerio Público, la que invoca el artículo 39 de la  Ley General de Bancos, referido al ejercicio ilegal del giro bancario.
 
Los acusados quedaron en prisión preventiva y se estableció un plazo de seis meses para la investigación. De ser declarados culpables podrían arriesgar penas de 5 a 10 años de cárcel, lo que podría aumentar por la reiteración de los delitos.
 
La investigación penal la está llevando a cabo el fiscal jefe de delitos de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo, y el fiscal Pablo Norambuena, a quienes ofrecimos ayudar en gestiones internacionales para saber dónde están los 70.000 millones de pesos.
 
Para asegurar un resultado contundente, es vital trabajar la vía legal. Las investigaciones de tribunales y de la comisión de la Cámara permitirán determinar si cabe una demanda civil en contra del Estado por la falta de servicios en la que habría incurrido la Unidad de Análisis Financiero , UAF, al no actuar, debiendo haberlo hecho.
 
Es posible que AC Inversions no sea la única organización que funciona de la misma manera, ofreciendo rentabilidades sobre el 10%, lo que es absolutamente inusual e imposible. Es por ello que propusimos a los ministros de Hacienda y Economía, perfeccionar la legislación relacionada con la acción de la Sbif y de la  Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). En paralelo hacemos un llamado a  denunciar en la Sbif a empresas que operen de forma similar.
 
Es por esto que convocamos a los afectados al ex Congreso Nacional para organizarnos en torno a la querella colectiva que presentamos contra los imputados para que puedan ser indemnizados. Los ‎afectados que quieran pueden sumarse a la querella que patrocina el abogado Mario Zumelzú.
 
Además de lo anterior, es imprescindible trabajar en una legislación específica, pues este tipo de delito se alimenta de la falta de regulación existente. En este marco, junto a los diputados Aldo Cornejo y Gabriel Silber, pedimos que se constituya una Comisión Investigadora dada la gravedad y alta conmoción de este hecho, iniciativa a la que se han ido sumando más parlamentarios a esta iniciativa.
 
Mantenemos el  llamado a las personas: como dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la ley establece que sólo los bancos pueden captar dineros del público para hacer depósitos, por lo tanto, es nuestra responsabilidad denunciar cualquier sospecha o intento de quebrantar la norma.

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