La transparencia llegó a los partidos políticos y lo hizo para quedarse. Esta frase que parece sacada de un anuncio publicitario, se ha transformado en una realidad, especialmente a partir de la modificación a la Ley de Partidos Políticos que introdujo un cambio de paradigma en materia de derecho de acceso a la información y transparencia, transformación que resulta bastante singular, especialmente si se piensa que el sistema de transparencia se estableció originalmente para los órganos estatales, y los partidos políticos no forman parte del Estado, sino que se trata de grupos intermedios a través de los cuales se organiza la sociedad para el logro de determinados fines.

En ese sentido, la ley ha establecido la obligación de transparencia activa, lo que significa que deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, en forma completa, actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito, diversa información en materias tan variadas como su nombre completo, la sigla, el símbolo y el lema del partido político; los pactos electorales que integren; las regiones en que se encuentren constituidos; el domicilio de las sedes del partido; las declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos del partido político para las elecciones; su balance anual; el total de los aportes, donaciones, y, en general, todo tipo de transferencias públicas o privadas, que reciban a partir de su inscripción; las transferencias de fondos que efectúen, con cargo a los fondos públicos, cuestión clave a partir del nuevo sistema de financiamiento de la política; la información estadística sobre participación política dentro del partido, desagregada por sexo; o el registro de gastos efectuados en las campañas electorales; entre otras materias.

Ahora, en el entendido que muchas veces la información no se publica en los términos requeridos, la misma ley ha señalado que en los casos que no se cumplan las obligaciones de publicidad cualquier persona puede presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, dándole solidez al sistema. Incluso el incumplimiento de las normas sobre transparencia podría significar la aplicación de multas.

Los partidos políticos tienen como finalidad contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional. Contribuyen al mantenimiento del necesario pluralismo político y son instrumento fundamental para la participación política democrática y el respeto, garantía y promoción de los derechos fundamentales.

Todo lo anterior, unido al nuevo sistema de financiamiento público hacen necesario el adecuado control social por parte de la ciudadanía y en ello, el Consejo para la Transparencia ha sido llamado a colaborar firme y decididamente en pro de resguardar el Estado de Derecho, resolviendo los reclamos que las personas presenten ante determinados incumplimientos.

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