Muchas veces he dicho que las reformas que plantea el gobierno de Bachelet van en contra de la libertad. Por ejemplo, de la libertad de elegir dónde deben estudiar nuestros hijos, de la libertad económica y de la libertad de elegir el futuro de nuestras familias.

Asimismo, este gobierno, el gobierno de Michelle Bachelet, que tiene al país en tal estado de alerta debido a su incapacidad para enfrentar la delincuencia, no tiene cómo darle tranquilidad al país.

Y para más, la semana pasada el Poder Judicial decidió liberar a cerca de 2.300 presos, entre los cuales hay asesinos, pedófilos, ladrones, traficantes de drogas, y muchos de ellos estaban condenados a 25 años o a cadena perpetua. Incluso, como sucedió en Valparaíso, se hizo caso omiso al informe que entregó Gendarmería y se dejaron libres a personas que ellos consideran de alta peligrosidad. Esta situación es sencillamente inexplicable.

Esta medida, pone tras las rejas a toda la ciudadanía al permitir que los delincuentes condenados transiten libremente por las calles, mientras que usted y su familia se deben encerrar por miedo.

Hoy los chilenos vivimos encerrados en nuestras casas. No caminamos libremente ni con seguridad por nuestras calles, así como nuestros hijos no pueden jugar tranquilos en el parque de la esquina.

Ante esta inseguridad, vemos cómo cada vez se están organizando más los vecinos para evitar ser víctimas de la delincuencia, en vez de organizarse para pasar un buen rato.

Entonces, nos preguntamos: ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿hasta tomar la justicia con nuestra propias manos y terminemos presos de verdad, por defendernos de la delincuencia, por actuar en defensa propia?

Y mientras esto pasa en nuestro Chile, la Presidenta, lejana a la realidad, como de costumbre, sigue con sus proyectos ideológicos.

Hoy en Chile existen 17 millones de presos, sí 17 millones de ciudadanos presos por temor y en otros casos como en La Araucanía, por terror.

Un gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, pero pareciera que la obligación de este gobierno es la de garantizar el bienestar de los que cometen algún tipo de delito.

Hoy, nuestras familias y nosotros tenemos 2.300 posibilidades más de ser asesinados, asaltados o sufrir algún tipo de violencia.

Y a pesar de las cifras, que dicen que nueve de cada diez chilenos están en contra de la forma en que la Presidenta enfoca la política antidelincuencia, los políticos de izquierda se oponen a medidas preventivas tan básicas como sería el control de identidad.

Chile está perdiendo la paciencia. Los chilenos se están organizando en sus cuadras, en sus barrios y en sus comunas porque se sienten totalmente solos y desprotegidos.
Por favor, terminemos con la estupidez. Los chilenos no nos merecemos esto, merecemos nuevas leyes que velen por nuestra seguridad y el derecho de vivir en paz.

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