Tres semanas estuvieron en paro los funcionarios estatales de nuestro país,  reclamando contra la propuesta de reajuste del sector público que propuso el gobierno de la Nueva Mayoría. La propuesta, que incluía un aumento del 3,2% de las remuneraciones más otros beneficios, fue considerada insuficiente por los trabajadores y también por los parlamentarios de la Nueva Mayoría que decidieron no apoyar la propuesta de su gobierno.

¿Sabía usted que los trabajadores estatales hoy ganan más en promedio que los trabajadores del sector privado? ¿Sabía usted que cada punto porcentual adicional de reajuste implica miles de millones de pesos que no se pueden destinar a programas sociales o a iniciativas que beneficien a la ciudadanía? ¿Sabía usted que el reajuste no podía ser superior porque este gobierno ha hecho reformas tan malas que la economía se ha detenido y no dispone de más recursos?

A pesar de todas esas razones, la Nueva Mayoría no aprobó por semanas el reajuste y los trabajadores del sector público tuvieron a todos los chilenos sin prestación de servicios en materias fundamentales para sus vidas.

En los 15 días hábiles de movilización, miles de ciudadanos se convirtieron en rehenes del Estado y sus dirigentes políticos.

El paro de los trabajadores fue ilegal. En el sector público los funcionarios no tienen derecho a huelga, porque si ellos paran, los ciudadanos no tienen otra alternativa para  atenderse o recibir la prestación de un servicio. Por ejemplo, si para el consultorio o el hospital, los ciudadanos simplemente se quedan sin atención de salud. Eso es inaceptable e injusto. Lo mismo con otros monopolios estatales como el Registro Civil o el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuántas personas habían preparado por meses proyectos que necesitaban de un trámite en impuestos internos o en el Registro Civil que simplemente no se pudo hacer?

Si un trabajador en el sector privado actúa de forma ilegal, con certeza pierde su trabajo. Hoy, lamentablemente, si un trabajador del sector público actúa fuera de la ley perjudicando a los ciudadanos, no tiene consecuencias.

Esto debe cambiar. Cada vez son más los servicios que los ciudadanos demandan del Estado y sus instituciones, y no pueden transformarse en rehenes del Estado o monedas de cambio para una negociación para aumentar el sueldo.

Los dirigentes de los trabajadores estatales no han actuado bien. Ellos saben que este gobierno no tiene más recursos dada la mala gestión, e igual pidieron un 7% de aumento. Saben que con sus paralizaciones afectan gravemente a la clase media, e igual lo hicieron. Saben que hoy el promedio de los trabajadores estatales gana más que en el sector privado, e igual mantuvieron detenido al país por 20 días.

Esto debe cambiar. No puede ser que cada año el reajuste del sector público sea una instancia donde los ciudadanos sean perjudicados y queden en medio de un conflicto entre los dirigentes y el gobierno de turno.

No podemos aceptar que los ciudadanos, especialmente la clase media, se transformen en rehenes del Estado.

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