Hace pocos meses aprobamos una ley para enviar a la cárcel a quienes se coluden. Esta buena noticia pone a Chile en la vanguardia de la lucha contra los carteles a nivel mundial, toda vez que las multas que teníamos antes hacían que muchas veces fuese un “buen negocio” coludirse.

Paradójicamente, al poco tiempo, y sin escrúpulos de ningún tipo, el mismo Gobierno decidió discriminar y dejar sin financiamiento a miles de estudiantes que asisten a instituciones de educación superior que, estando acreditadas (y muchas de ellas con mejor calidad), no pertenecen al cartel de las universidades del Cruch.

Afortunadamente el jueves pasado el Tribunal Constitucional declaró que la discriminación arbitraria del Gobierno para excluir a miles de estudiantes de la gratuidad era una violación directa a las garantías básicas de igualdad contenidas en la Constitución.

La colusión, en el caso del cartel de la gratuidad, tiene varios de los componentes que vimos en el caso de los pollos, de las farmacias y del Confort, pero con el agravante de que es el Estado el que avala la discriminación negativa contra quienes han decidido no optar a esas universidades.

A diferencia de lo ocurrido con los pollos, las farmacias y el papel confort, en este caso las negociaciones para coludirse se hicieron a la vista de todos los chilenos, sin escrúpulos. A viva voz y sin ningún mérito por calidad o vulnerabilidad las universidades del cartel exigen una mayor proporción de los recursos que nuestro país destina a financiar la educación superior.

¿Por qué la Nueva Mayoría promueve el cartel de la gratuidad? Por dos motivos.
Primero, porque tiene una concepción equivocada de lo “público”. Para la izquierda que no se modernizó, lo público no permite la asociación público-privado. Para ellos la Teletón, el Hogar de Cristo, Coaniquem, o la misma Universidad Alberto Hurtado no cumplen un rol público simplemente porque no son operados por funcionarios del Estado, porque desde su independencia no pueden ser capturadas por los partidos políticos.

Lo público, a diferencia de lo que cree la izquierda, debe ser juzgado por valores republicanos como la no discriminación, la vocación por la inclusión, y la excelencia del trabajo realizado.

La segunda razón para promover es política. La Nueva Mayoría sabe que Chile normalmente está gobernado por la izquierda, y por lo mismo agrandar el tamaño del Estado significa aumentar los puestos de trabajo que pueden entregar a sus operadores políticos.

Hablan maravillas del Estado, pero en realidad no creen que pueda entregar calidad y competir en igualdad de condiciones. Si lo creyeran no necesitarían un cartel, y las universidades del Estado podrían obtener esa mayor cantidad de recursos por mérito, sin necesidad de coludirse. Y no creen en el Estado porque saben que muchas de ellas están capturadas por cuoteos políticos. Lo saben porque son ellos mismos los que se encargan de ese juego.

Hoy por hoy el Gobierno tiene dos alternativas para salir del zapato chino que ellos mismos fabricaron. O cumple con la promesa de campaña de implementar gratuidad sin discriminación, o sigue por la ruta de fortalecer el cartel de la gratuidad discriminando a estudiantes que se encuentran fuera del cartel estatal.

La primera alternativa es claramente la única que permite hacer justicia  y respetar el fallo del Tribunal, pero la tentación de usar el poder para favorecer a los propios fortaleciendo el cartel del Estado contra la sociedad civil es gigante. En pocos días sabremos si se impuso la ética o la conveniencia política.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro