El Gobierno ha anunciado la implementación del cambio de la ficha de protección social por el Registro Social de Hogares a partir de este mes. La buena noticia es la decisión política de hacer el cambio. La mala es que el nuevo sistema puede lograr lo que parecía imposible: empeorar un sistema malo. Y es que el nuevo registro puede terminar fomentando la informalidad y la precariedad laboral en forma brutal.
 
La ficha de protección social fue elaborada en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y tuvo el gran problema de que los incentivos para falsear la información eran gigantes. Tanto así que más de un 30% de la población chilena aparecía en situación de pobreza,  aun cuando sabemos que en la realidad en ese entonces menos de un 15% de la población se encontraba en esa situación.

El gobierno de Sebastián Piñera desarrolló una serie de mecanismos para solucionar esta dificultad, y entre ellos una oficina de fiscalización en terrero que permitía contrastar lo declarado por la realidad efectiva. Adicionalmente levantaron una nueva ficha más completa que dejó lista para ser implementada, pero que el actual gobierno desechó.

Desde el punto de vista conceptual la clave para evaluar la vulnerabilidad es mirar el patrimonio de la familia (autos, viviendas, ahorros) y no tanto el flujo de ingresos, porque al hacerlo se fomenta la informalidad laboral para no aparecer en los "radares" del sistema.

Desgraciadamente el nuevo gobierno optó por implementar un nuevo sistema que se sustenta fundamentalmente en el cruce de bases de datos administrativos. Esto significa, en la práctica, acceder a los sueldos reales declarados por planilla.

En principio suena bien. ¿Qué mejor que tener acceso a los ingresos reales para pillar a quienes mienten? Es cierto, tiene el beneficio de poder identificar con mayor certeza los ingresos formales. El problema es que la realidad es más compleja, y las personas reaccionan frente a incentivos. Las nuevas reglas generan incentivos perversos para el mundo del trabajo. Muchos van a preferir trabajar en "negro", y que por lo tanto sus sueldos formales sean inferiores a los sueldos reales. "Jefe, por favor hágame el contrato por el mínimo" o "mejor trabajemos sin contrato".

El puntaje obtenido en la ficha es la puerta de entrada para todos los subsidios del Estado (vivienda, salud, educación, pensiones, etc.) y por lo mismo la "tentación" de moverse al mundo informal (donde no me pueden detectar los ingresos reales) es sustantiva.

El efecto de esta decisión no es menor. Afecta tanto la competitividad de las empresas del país  como las futuras pensiones de las familias chilenas.  El aumento de la informalidad se traduce inmediatamente en menores ahorros formales para la jubilación, lo que afecta la tasa de reemplazo para su pensión

En suma, es fundamental que el Ministerio de Desarrollo Social pueda monitorear continuamente los efectos del nuevo sistema sobre la informalidad del empleo en el país.  Sólo de esta manera podrá reaccionar a tiempo y evitar que el nuevo sistema implementado sea aún peor que aquel que quería reemplazar.

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