En junio del año 1972 se realizó en Suecia la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano, también conocida como Conferencia de Estocolmo. De ella, emanó una declaración con 26 principios orientadores para el desarrollo e implementación de políticas públicas ambientales tendientes a resguardar la naturaleza. Luego, el mismo año, la ONU decretó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de sensibilizar a la población y los tomadores de decisiones respecto a la relevancia del cuidado del planeta.

Este año, Ban ki-Moon ha destacado: “En este Día Mundial del Medio Ambiente, insto a las personas y los gobiernos de todo el mundo a que superen la indiferencia, combatan la codicia y actúen para preservar nuestro patrimonio natural en beneficio de las generaciones presente y futuras”.

La pregunta que cabe entonces es, ¿qué pasa en Chile con el medio ambiente? Una inquietud difícil de responder, especialmente cuando analizamos la última encuesta Adimark, que señala que el 68% de la población desaprueba la forma en que la Presidenta Bachelet y su equipo de gobierno están abordando el cuidado del medio ambiente , a lo cual se suma que sólo el 28% de los sondeados conoce al ministro de Medio Ambiente. 

Estas cifras reflejan la poca importancia y mala calidad de la gestión ambiental de este gobierno. No obstante, esta realidad no es más que una repetición de historias vividas en administraciones anteriores, donde la relevancia de la temática solo ha logrado ser incorporada en el discurso, pero no en la acción de los sucesivos gobiernos democráticos. 

A modo de ejemplo, podemos señalar que la única política ambiental data del año 1998   y consiste sólo en un documento que establece lineamientos para encaminarse al desarrollo sustentable. Es decir, tenemos un texto de 18 años de antigüedad denominado política ambiental, el cual pocos conocen y nunca se ha evaluado su implementación.

Con esto sólo queremos demostrar, que pese a los numerosos compromisos ambientales suscritos, reflejados en sucesivos programas de gobierno y apasionadas declaraciones de ministros, la política pública en materia ambiental no es un tema relevante para las autoridades.

Esto -sin duda- se refleja en la escasa capacidad de gestión que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, en su débil capacidad de establecer una agenda de política pública potente y en su baja incidencia que tiene en relación a ministerios sectoriales. Esto ocurre independientemente de cual sea el Presidente de la República de turno, y el responsable desde el poder ejecutivo del área ambiental. Porque, lo cierto, es que los gobiernos y en general las autoridades políticas han optado dejar en un lugar secundario o incluso en el fondo del clóset los temas ambientales, priorizando el desarrollo de la inversión pública y privada, sin considerar o minimizando los costos socioambientales que generan.

Por ello, no es raro observar que permanecen en Chile un conjunto de demandas que se repiten año a año, territorio a territorio, y sobre las cuales no hay respuesta.

Basta con ver lo que pasa en las zonas de sacrificio, como Puchuncaví-Quintero o Tocopilla, que si bien son reconocidas como áreas altamente contaminadas, la autoridad no actúa, no monitorea el estado de salud de la población, no realiza monitoreos constantes de contaminantes en suelo, agua y aire, y por cierto, no detiene el daño a los ecosistemas.

Algo parecido ha ocurrido con Chiloé, zona en la cual desde la aprobación de la Ley de Pesca de 1991, la autoridad viene impulsando el desarrollo de la salmonicultura con bajos estándares ambientales. Por ello, la reciente movilización social responsabiliza a la industria salmonera de su desgracia, pues independientemente de si tiene razón sobre los últimos acontecimientos relacionados con la Marea Roja, ellos saben que la normativa ambiental es débil.

Y así podríamos seguir con los ejemplos sobre ausencia de política pública ambiental. Sin embargo, del otro lado está la ciudadanía, los habitantes del territorio que cada vez están más preocupados de los conflictos socioambientales y se movilizan por ellos.

Y lo que es más esperanzador es que también hay personas y organizaciones sociales que proponen avances, pese a la indolencia política. Es así como después ocho años de tramitación legislativa, la primera semana de junio el Congreso aprobó un proyecto de ley que provee de un mejor marco regulatorio a la conservación privada, el llamado Derecho Real de Conservación, iniciativa que nace de organizaciones de la sociedad civil, y que fue presentada el año 2008 como una moción parlamentaria, la cual nunca fue patrocinada por los gobiernos de turno.

Es por esto, que este 5 de junio, las felicitaciones son para quienes contribuyen a un país mejor y no para aquellos que teniendo autoridad política e investidura no contribuyen a mejorar el estado del medio ambiente.

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