Conocer cómo ven los vecinos el trabajo de las municipalidades y su evaluación de las actividades que desarrollan en beneficio de la comunidad, son los objetivos de una encuesta a nivel nacional realizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. Cuando faltan pocos días para la elección de alcaldes y concejales, este estudio bien podría constituirse en una buena carta de navegación para quienes sean elegidos, aun cuando también aporta datos que emanan de cierto grado de desconocimiento y desinformación.

Resulta sorprendente que 8 de cada 10 personas encuestadas cree que la seguridad ciudadana es responsabilidad de las municipalidades y, por cierto, de los alcaldes. La afirmación anterior no corresponde a la realidad y ese error se amplifica cuando estamos hablando de un problema que preocupa de forma mayoritaria a la ciudadanía.

En el combate contra la delincuencia, los municipios no tienen ni potestades, ni atribuciones, le corresponde al gobierno, el que encabeza una cadena que integran, además, los poderes legislativo y judicial, los fiscales y las policías. Todos ellos, desde su respectivo marco, deben ejecutar las acciones para que los ciudadanos vivan en paz, como corresponde a un estado moderno y justo.

Lo que a la municipalidad le compete es ser una institución coadyuvante en todo lo relacionado con la organización vecinal para prevenir la comisión de delitos, y en esa perspectiva invierte una gran cantidad de recursos económicos, técnicos y humanos.

También lleva adelante planes específicos, como en nuestro caso el programa de “Seguridad Compartida”, que funciona hace 8 años en Las Condes y que bien puede ser considerado un buen modelo, que se logra trabajando en conjunto. Este plan establece sistemas de vigilancia sectorial, cofinanciados por la municipalidad y los residentes, lo que da tranquilidad a los vecinos participantes y ha representado una notable baja en los niveles de delincuencia.

La comunidad necesita manifestaciones concretas de que la seguridad ciudadana se aborda con seriedad y, en ese sentido, se requiere mayor iniciativa de parte del gobierno y los legisladores para corregir los graves errores de nuestro sistema procesal penal. Ellos son los llamados a proveer las herramientas para una acción eficaz de jueces y fiscales. Y también las policías deben ser modernizadas, tanto en el marco jurídico donde se desenvuelven, como en sus procedimientos y recursos tecnológicos.

De la materialización de esas tareas pendientes dependerá la posibilidad de dar pasos concretos en el campo de la seguridad ciudadana. De lo contrario, las promesas que muchos candidatos a alcaldes o concejales hacen en estos días no serán nada más que eslogan y compromisos que las nuevas autoridades municipales, una vez en el cargo, no estarán en condiciones de cumplir.

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