La información pasó inadvertida en un período en que los espacios de los medios de comunicación están copados por la farándula y la fiebre festivalera de Viña del Mar.

Por esa razón, pocos se enteraron de que el Tercer Tribunal Oral castigó con una pena de ocho años de presidio efectivo a un delincuente que a punta de revólver y estoque protagonizó un portonazo la medianoche del 21 de junio del año pasado. El delincuente arrebató su automóvil a un empresario argentino, en las inmediaciones de un hotel ubicado en avenida Manquehue Norte.

¿Y por qué es destacable este hecho? Simplemente porque no estamos acostumbrados a que la cadena de prevención del delito funcione con tanta eficiencia como lo hizo en este caso. En lo principal, esta ejemplarizadora condena es producto de la rapidez con que actuó la policía, la acuciosidad de la Fiscalía Oriente para acreditar los cargos ante el tribunal y de la objetividad de los jueces para garantizar por sobre todo la paz social que exige como regla número uno sacar de circulación a los delincuentes que aterrorizan a la ciudadanía.

Pero esta situación, que podría considerarse un paso importante en la lucha en contra del delito, caerá al vacío si el Gobierno -primer eslabón en la cadena de prevención delictual- no da un testimonio claro que demuestre que su postura contra el crimen va más allá de las palabras y deje de mantener esa actitud pusilánime frente a los requerimientos de la ciudadanía.

La preocupación sobre este problema es de todos los chilenos y prueba de ello es que personas ajenas a este debate, como por ejemplo los futbolistas Claudio Bravo y Jorge Valdivia, usan sus influencias en las redes sociales para exigir a la Presidenta una acción más decidida y que denote algún grado de proactividad.
 
Hoy es urgente aprobar la normativa para el control preventivo de identidad. En la controversia que esta iniciativa ha provocado, sorprende la opinión de destacadas figuras públicas y connotados juristas que tratan de homologar este recurso legal con la detención por sospecha, a sabiendas de que nada tiene que ver una cosa con otra. El control de identidad es utilizado en los países líderes en materia de seguridad ciudadana, cuyo ranking encabezan Islandia, Dinamarca y Austria, seguidos de cerca por Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Japón.

Se ha dicho hasta la saciedad. El trámite no es distinto al control que exige la línea aérea al abordar un vuelo, del que ejerce el conserje de un edificio al pedir la identificación de un visitante o el cajero de un banco al pagar un cheque.

El control preventivo de identidad no tiene por qué terminar en una detención y la policía debe poseer un marco de acción para evitar abusos y exceso de fuerza. La cosa cambia, eso sí, si la persona a la que se le solicita su identificación es uno de los 66 mil ciudadanos que mantienen orden de detención pendiente en Chile, cosa que obliga a la policía a aprehenderlo y ponerlo a disposición de los Tribunales de Justicia.

En definitiva, frente a esta normativa, tan esperada por la ciudadanía, cabe aquel refrán que dice “el que nada hace…nada teme”.

Países modelos en materia de seguridad ciudadana, que han legalizado el control de identidad, entregan buenos ejemplos de cómo enfrentar con éxito el combate a la delincuencia. Llama la atención entonces que algunos animadores de este debate público, que usan diversas tribunas para manifestarse en contra de la implementación de esa herramienta legal, invaliden a priori esas experiencias extranjeras por el solo hecho de aplicarse en realidades socioculturales distintas a las nuestras.

Muchos de los que así piensan caminan por la misma vereda ideológica de los que claman una ley de aborto, para los que sí son válidas las vivencias de los países que lo han legalizado. Típico del doble estándar de quienes sustentan determinadas ideologías.

La seguridad de los vecinos seguirá siendo una de las tareas prioritarias en el año que comienza. En la comuna de Las Condes enfrentamos este desafío con un departamento de Seguridad Ciudadana altamente calificado y de gran nivel tecnológico.

La presencia de los globos aerostáticos ha sido un elemento coadyuvante en la tarea de garantizar la seguridad de los vecinos. También lo ha sido el Sistema de Vigilancia Compartida, demostración de un esfuerzo mancomunado entre la municipalidad y los vecinos.

Así como en Las Condes, son muchas las municipalidades que junto a la comunidad han creado sistemas de protección anti-delincuencia. Pero falta lo más importante: una acción decidida de parte del Gobierno que denote un interés real por terminar con este flagelo. La ciudadanía tiene el derecho a sentir la protección del Estado y el Gobierno. La percepción de la opinión pública es otra: existe la sensación de que los únicos derechos que son respetados son los de aquellos que ejercen la violencia, los que asaltan, agreden e intimidan.

Dicho así, pareciera que llegó la hora del Gobierno.

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