La imagen cliché de “Chile país de catástrofes naturales” se está transformando hoy en Chile país de inteligencia frente a las catástrofes. Si nuestra experiencia en terremotos nos hace contar con una de las mejores técnicas de construcción antisísmica del mundo, tenemos también el desafío de poder desarrollar tecnología de punta en protocolos de acción frente a catástrofes. En este sentido, me es grato decir que en el Ministerio de Desarrollo Social hemos estado trabajando en esta materia obteniendo excelentes resultados.

La semana pasada se realizó en Santiago el seminario internacional "Optimizando la respuesta en emergencias desde lo social", una iniciativa organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Naciones Unidas a través de Cepal.

Dicho seminario ha servido para conocer las diferentes experiencias que existen en la región en materia de protocolos de acción frente a desastres naturales y catástrofes, intercambiar y enriquecernos como región con miras hacia la cooperación en estas materias.

La jornada fue todo un éxito y pudimos constatar que nuestro país está liderando un proceso de modernización de los protocolos de acción y tecnologías de asistencia frente a emergencias sociales.

El rol del Ministerio de Desarrollo Social en estos casos es generar el diagnóstico social en emergencia, es decir, levantar la información de las familias afectadas para que el Estado pueda tomar decisiones sobre dónde dirigir la ayuda con mayor precisión.

En efecto, desde septiembre de 2015 venimos desarrollando un nuevo modelo de catastro de familias en situaciones de emergencia por medio de la nueva ficha básica de emergencia Fibe,  que nos ha permitido mejorar muchísimo nuestro trabajo de diagnóstico.

La nueva ficha Fibe, además de lograr identificar de manera más rápida y precisa las necesidades de los afectados, está acompañada de dispositivos móviles para su aplicación online y georeferenciación, lo que nos permite procesar datos al instante y delimitar zonas geográficas de damnificados con mayor precisión y así entregar una respuesta adecuada y más exacta, focalizando mejor nuestro esfuerzo.

Además, hemos mejorado nuestros protocolos de coordinación con los municipios, la Onemi y los ministerios del Interior y Defensa para que nuestra reacción sea más oportuna.

Pero lo más importante a nuestro juicio, al margen de mostrar que se modernizan los protocolos y métodos de diagnóstico,  es saber que la orientación de estas medidas apunta a reforzar una política social con enfoque de derechos.

Tener derechos en situaciones de catástrofes significa que quienes son afectados tienen el derecho a ser asistidos de manera integral, material y psicológicamente de manera oportuna y humana. Ésta es la primera instrucción que tenemos cuando hay una emergencia, actuar humanamente, con ética y responsabilidad de asistir en el dolor y acompañar a quienes son afectados con lo mejor de nuestras capacidades profesionales y humanas.

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