Cuando la atención económica nacional está capturada por temas como las AFP y el bajo (por no decir nulo) crecimiento de la economía, hay otros temas que pasan lamentablemente al olvido. Un ejemplo de esto son las colusiones económicas, preciso con lo de económica ya que para las colusiones políticas habría que dedicar una o varias columnas distintas.

 Hace no mucho se dio a conocer un caso de empresas coludidas, los laboratorios. Estos se ponían de acuerdo en bajar concertadamente los precios de medicamentos inyectables a la hora de ser licitados a la Central Nacional de Abastecimiento. La investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica estableció que tres laboratorios acordaron la creación de un cartel (sí, como los de narcotráfico) en el cual una de ellas ofertaría el menor precio en licitaciones para adquirir medicamentos inyectables genéricos, con lo que buscaban determinar previamente quien proveería los medicamentos.

Con un total de 93 productos involucrados, 1.262 envíos de medicamentos  y licitaciones desde 1999 hasta 2013 se construye otra historia más de colusiones donde el único perjudicado, como siempre, es el consumidor.

Uno se podría legítimamente preguntar ¿hasta cuando las empresas siguen haciendo y deshaciendo con la legislación nacional? ¿Cómo puede ser que después de tanto caso descubierto (pollos, farmacias, papel confort, etc.) haya quienes sigan prefiriendo concertar precios en vez de competir como la regulación exige? ¿Cómo puede ser que este cartel se juntara desde el año 2001 en un restorán cerca del Parque O´Higgins en cientos de ocasiones con el único fin de defraudar a los consumidores de remedios sin tapujo alguno?

Bueno la respuesta es fácil, quizá demasiado simple. Chile ha predicado con los malos ejemplos. Nadie, nunca en este país, ni desde el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial ha puesto mano dura frente al tema.

¿Qué barrera de entrada tienen aquellos que quieren lucrar en base al engaño y el abuso de los consumidores? Ninguno. Cuando hablamos de millones de dólares en ganancias y sólo una mínima en castigo y en el peor de los casos hacer “clases de ética empresarial”, como fue el caso de la colusión de las farmacias, no existe mayor impedimento a la hora de coludirse.

Tal como sucede con los “portonazos” la legislación chilena es poco precisa, poco prolija y en lo absoluto profunda. Es un delito que a vista y paciencia de las autoridades se fue cultivando y hoy en día se está cosechando.


La fiscalía, en mi parecer, nuevamente ha hecho un trabajo notable en la detección e investigación de estos casos, pero es el Gobierno, el único con capacidad de poner urgencia en temas el responsable de hacer de esto una solución y no un problema prologando.

Esperemos que no sea necesaria una marcha nacional en contra de las colusiones para que la Presidenta tome el problema por las riendas y ponga las urgencias legislativas necesarias para darle pronta solución.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro