A pesar de las promesas del Gobierno respecto del plan Estadio Seguro, finalmente no fueron las familias las que volvieron a los estadios sino los carabineros. Al ver la violencia desatada y fuera de control en la ciudad de Valparaíso y en el estadio Elías Figueroa, sentí rabia, impotencia y pena. Por eso me interpretó el tuit del gran capitán de nuestra selección, Claudio Bravo, quién escribió: “La misma historia de siempre. Los delincuentes al poder. Queremos un Chile seguro. @GobiernodeChile ya basta”.

A las evidentes fallas del Plan Estadio Seguro como, por ejemplo,  la norma propuesta por su director, José Roa, en orden a revisar completamente a cada uno de los asistentes al estadio -medida completamente inútil como lo prueban las bengalas y armas blancas usadas por los barristas-, se suma, además, una actitud débil, tolerante y permisiva de parte de las autoridades con los delincuentes.

Así lo demuestra la insólita decisión del Gobierno anunciada por el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, quien desde La Moneda dijo que "todos los partidos de alta convocatoria, de alta complejidad, se jugarán sin público hasta que no tengamos las garantías que esto se realizará con la seguridad que se merecen todos los hinchas”. Al respecto, caben dos preguntas obvias: ¿De quién espera el Gobierno esas “garantías”? Porque se supone que garantizar la seguridad y el orden público es, justamente, responsabilidad del propio Gobierno. Y segundo, jugar sin público ¿no es rendirse ante los delincuentes? ¿no es una declaración de incapacidad o negligencia para hacer cumplir la ley?

Otro mal síntoma de la autoridad frente a la delincuencia es la imposición a las policías de un "protocolo de actuación" ante hechos de interés mediático, que más parece ser un intento del Gobierno por controlar y restringir la información que se entrega a la ciudadanía respecto de la verdadera gravedad de los delitos.

Esta especie de censura supone que la “sensación” de inseguridad ciudadana es producto de las noticias que publica la prensa y no de hechos reales. La verdad es que la inseguridad, para ser sólo una sensación, es bastante convincente. Al menos así lo vimos cuando supimos del asesinato del joven carabinero baleado en Pudahuel por resistir un asalto hace dos semanas o la balacera ocurrida hace 10 días en un mall de Las Condes donde murió un asaltante.

¿Estoy exagerando? No creo. El 57% de los chilenos piensa que Chile ha retrocedido en el combate a la delincuencia, según la encuesta Cadem publicada recién. Y el 93% el país desaprueba la forma como Bachelet y el Gobierno están manejando la delincuencia, de acuerdo a la última encuesta Adimark. Supongo que estas cifras deben ser aún mayores en La Araucanía donde, hace dos días, nuevamente se registraron ataques incendiarios por una banda de encapuchados armados. A pesar  de ello y de los innumerables actos de violencia que todos conocemos, el ministro Burgos dijo recién en Estados Unidos que no hay terrorismo en La Araucanía.

El combate a la delincuencia requiere tanto de liderazgo, decisión y firmeza, como de medios eficaces para contenerlo y reducirlo. Instalar cajeros automáticos en las comisarías para evitar robos; poner escolta policial a los camiones en La Araucanía para impedir asaltos; jugar partidos de fútbol en estadios sin público para prevenir desmanes; censurar a las policías para que no informen sobre delitos o recurrir a la semántica para decir que la inseguridad es solo una sensación o que no hay terrorismo en La Araucanía, no son las respuestas que exige y merece la ciudadanía de parte del Gobierno.

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