El año 2015 lo estamos despidiendo con una tremenda noticia, como es la aplicación de la Ley N° 20.890, que es la que establece la gratuidad para 178 mil estudiantes de distintas universidades del país.
 
La iniciativa, que también permite subir los montos de las becas destinadas a 144 mil estudiantes de Institutos Profesionales (IP) y de Centros de Formación Técnica (CFT), constituye el cumplimiento de una promesa central que formuló la Presidenta de la República a la ciudadanía, en el entendido que es un aporte fundamental para reducir las desigualdades.
 
Nuestro objetivo es que la gratuidad sea un viaje sin retorno: comenzamos en 2016 y seguiremos avanzando gradualmente -de acuerdo a la disponibilidad de recursos-, pero sin parar hasta llegar a todo el universo de la educación superior.
 
La gran noticia de la gratuidad desde el período que se avecina está destinada no sólo a los estudiantes que ingresan este año, sino que también a los alumnos que ya se encuentran cursando una carrera y que pertenezcan al 50%  de los sectores más vulnerables económicamente de la población y que estén matriculados en una de las 30 universidades que se adscribieron a la Ley de Gratuidad.
 
Hay que subrayar que en un plazo máximo de tres años se igualarán las condiciones de gratuidad entre los IP, CFT y las universidades.
 
Nuestra intención es contar con la Ley de Educación Superior definitiva -que establecerá el marco regulatorio y el sistema de financiamiento del sector- para el proceso académico 2017. Queremos que se produzca un debate que contribuya al propósito que nos planteamos, esto es, generar las condiciones legales e institucionales que permitan que la educación superior en Chile pase de ser considerada un bien de consumo a consagrarse como un derecho social garantizado.  
 
Este objetivo mayor lo hemos iniciado este mes haciendo realidad la gratuidad para un conjunto muy amplio de jóvenes y sus familias, que tenían previsto con seguridad endeudarse para lograr que sus hijos pudieran llegar a la universidad. Ya no tendrán que hacerlo, porque -dados el compromiso y la convicción de la Presidenta de la República- el Estado asume su obligación y les reconoce un derecho que hasta hace unos días era solo un sueño.


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