La Constitución establece un deber de publicidad de los actos o resoluciones de los órganos del Estado. Entre estos se encuentran los actos legislativos, es decir, las leyes. Sin embargo, actualmente siguen vigentes en nuestro país leyes que tienen carácter secreto, lo que resulta preocupante si se entiende que, en democracia, éstas deben ser públicas y conocidas por los ciudadanos. A tal punto que en otros países el estándar de publicidad de leyes es alto, incluso no puede imponerse obligaciones a los ciudadanos a través de una norma que no estuviere debidamente publicada.

Por lo anterior, el hecho que aún existan “leyes secretas” representa un serio debilitamiento del principio democrático en que se basa nuestra institucionalidad republicana.

En este contexto, y ejerciendo su derecho de acceso, un ciudadano solicitó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas una copia de la Ley Reservada del Cobre y sus modificaciones.

En este caso, el órgano denegó el acceso a la información requerida, señalando que al revelarla se afectaría la seguridad nacional, ya que esta ley busca financiar material bélico y equipamiento militar. Ello se logra, a través de un gravamen de un 10% sobre el valor de las exportaciones del cobre y sus derivados que hace Codelco, monto que se transfiere a cuentas reservadas de las Fuerzas Armadas.

Así, se interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia, el que en su decisión Rol C2867-15, habiéndose revisado el texto de la ley por parte de sus consejeros, acordó acoger parcialmente el reclamo, ya que al publicarse la norma, no se produce la afectación a la Seguridad Nacional, y además, la sola existencia de una ley “reservada” no se justifica para declarar secreta la información que se vincule con dicha norma.

El Consejo decidió mantener reservada sólo una parte específica de la ley, por estimar que la publicidad de ésta sí podría afectar con determinada certeza la seguridad de la Nación, esencialmente en lo relativo a la defensa nacional.

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