Si bien, en las resoluciones de los amparos al derecho de acceso a la información que se deducen ante el Consejo para la Transparencia debe protegerse la publicidad de los datos personales por aplicación de la Ley sobre Protección de la vida privada, en algunos casos el Consejo ha resuelto entregar algunos de ellos, como ha ocurrido con el domicilio particular de ciertas personas naturales, por corresponder a una exigencia legal.

Así, en un caso, una persona solicitó a un municipio la nómina de organizaciones culturales, con los datos de contacto registrado al momento de su constitución, en cuyo caso el municipio entregó la respectiva nómina tarjando los teléfonos y demás datos de contacto privados entregados por dichas agrupaciones, por tratarse de datos personales.

Atendido lo anterior, un ciudadano dedujo amparo a su derecho de acceso (Rol C1404-16), en el cual el Consejo decidió rechazar la entrega de los teléfonos y correos electrónicos y se ordenó publicar el domicilio particular de alguno de los integrantes del directorio de dichas organizaciones, por coincidir esta dirección con la ubicación o lugar de funcionamiento de sus sedes.

Lo anterior, se fundó en la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, disposición legal que ordena a las municipalidades a llevar un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como también las uniones comunales.

De la misma forma las municipalidades llevarán un registro público de las directivas de las juntas de vecinos, de la unión comunal de juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, como, asimismo, de la ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento.

Por tanto, según esta normativa, si el domicilio registrado por la organización coincide con la dirección de uno de sus integrantes, éste tendrá el carácter de público.

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