Se ha instalado con fuerza un debate público que cuestiona nuestro actual sistema de pensiones y el rol de las AFP. Esto responde a un malestar ciudadano bastante concreto, las pensiones que otorga el sistema de administración privada son miserables. Ese es el dato, esa es la realidad. Existe la intuición en la ciudadanía que alguien está lucrando a costa del ahorro que realizan todos los meses los chilenos y chilenas para su pensión.

El diario de Agustín Edwards, representante de los sectores de derecha de nuestro país, señala que es necesario conocer el sistema de AFP antes de pretender modificarlo, me parece una proposición correcta. Lo primero que es preciso tener claro para conocer el sistema es que las AFP son un negocio, por ello sería bueno saber quiénes son los que están ganado con este negocio. Identificar a los que lucran a costa de las pensiones de todos los chilenos es necesario para conocer los intereses que sostienen el actual sistema.

Cuando las AFP invierten en cadenas del retail cuyo negocio consiste en el otorgamiento de créditos de consumo a altas tasas de interés, se produce un extraño fenómeno, los chilenos y chilenas les otorgamos financiamiento con nuestras cotizaciones para que ellos nos cobren intereses y se queden con la ganancia. Pero más vergonzoso resulta que el dinero de las AFP sirva para financiar a empresas que se coluden para elevar los precios de sus productos y así robar a todos los consumidores. Al parecer la intuición ciudadana tiene asidero.

Creo que al debate sobre el sistema de pensiones le ha faltado una perspectiva política. Sin duda cualquier propuesta sobre el sistema de pensiones requiere de visiones técnicas, es un tema económico complejo que no puede ser tomado a la ligera. Avanzar de forma responsable en la definición de lo que queremos como sociedad en materia de pensiones es una condición para cualquier transformación. Para ello es preciso una definición política. El debate técnico debe ir orientado a cumplir los objetivos definidos democráticamente.

Mi posición política es que nuestro sistema de pensiones debe introducir mayores niveles de solidaridad para construir un país con menos desigualdad. Éste debe ser el norte que nos guíe.

Para ello algunos criterios:

1. No puede reproducir las desigualdades existentes y menos agudizarlas, es decir, los pensionados no pueden caer en la pobreza.

2. Para lograr lo anterior se requiere de mayor solidaridad, el aporte del empleador y el fortalecimiento del pilar solidario son medidas que apunta en esa dirección.

3. Revisión y regulación de los costos de administración, particularmente los sueldos de directores y gerentes.

El sistema de pensiones no puede reproducir y aumentar las desigualdades en nuestro país, más bien debe ser un aporte a superar dichas desigualdades.

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