Resultado de la gran movilización ciudadana, el Gobierno anunció una serie de medidas generales para reformar el actual sistema de pensiones basado en las AFP. La Presidenta llamó a construir un pacto nacional que haga viable este cambio. Para ello, entregó la certeza que las bases del actual modelo se mantendrían, es decir, la capitalización individual en instituciones privadas, pero introduciendo un aumento de cotización a cargo del empleador para construir un pilar de ahorro colectivo. Éste ha sido uno de los temas principales en que se ha centrado el debate con la derecha y los dueños de las AFP.

La capitalización individual supone que la pensión de una persona depende del esfuerzo que hizo durante su vida laboral para ahorrar, si no se esforzó va a tener una pensión baja, esa es la racionalidad en que se basa el sistema, sencilla, clara y aparentemente infalible. Pero esa argumentación no considera las trayectorias laborales que tienen las personas hoy, donde la estabilidad no existe y los sueldos de la gran mayoría son bajos.

Como consecuencia, la capitalización individual obliga a las personas a arrastrar su precariedad de la vida laboral hacia la vejez, profundizando la desigualdad en nuestro país.  

En el sistema de capitalización individual la solidaridad no existe y la desigualdad se perpetúa con su carga de pobreza e inseguridad social para la gran mayoría. Por ello se propone establecer un pilar de ahorro colectivo en el que se destina el aporte patronal para que sea redistribuido en los pensionados para mejorar las jubilaciones en forma directa.

Tendríamos un sistema mixto en el que la capitalización individual continuaría acompañado de un pilar de ahorro colectivo para redistribuir.

En esta misma línea, un tema importante es quien administraría ese pilar de ahorro colectivo, creo que debe ser una institución pública que tenga un régimen de gobernanza similar al del Banco Central. Es importante que sea público para que oriente la inversión al desarrollo nacional y no sea un negocio lucrativo para quien lo administre.   

Las críticas de los defensores del modelo basado en la lógica individualista se han centrado en señalar que el pilar de ahorro colectivo sería un impuesto al trabajo, y para variar, además sería inconstitucional. Quieren que el aporte patronal sea destinado a las cuentas individuales. La solidaridad es descalificada bajo el discurso de ser un impuesto.

Sencillamente la solidaridad no es un valor y la desigualdad es una condición que no les preocupa. Este es el problema político de trasfondo del actual debate de las pensiones. El actual sistema no tiene legitimidad ciudadana, y ese es un problema político que la derecha no quiere ver.

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