El Congreso ha aprobado la ley que penaliza la colusión. Desde ahora se cuenta con las herramientas para perseguir y sancionar a los empresarios que utilizan prácticas que constituyen un robo directo a miles de consumidores al cobrar un precio manipulado por sus productos.

Esta ha sido una gran demanda ciudadana después de los casos de farmacias, pollos, papel tisú, entre otros. Cabe destacar el apoyo transversal y contundente a esta iniciativa del Gobierno por parte de la gran mayoría de los sectores políticos.  

Con la aprobación de esta ley hemos avanzado en construir un país más justo. Este delito que realizan algunos empresarios y ejecutivos, tendrá hoy una sanción de cárcel y multas más altas que el beneficio obtenido por el hecho de haberse coludido. Esto va a disuadir a los que pretendan coludirse.

Quisiera detenerme en la importancia de las sanciones. Tradicionalmente las multas para sancionar a las grandes empresas no constituyen un elemento disuasor para modificar sus prácticas, ya que no son lo suficientemente altas, y peor, las internalizan como un costo que después es trasladado al precio que pagan los consumidores. Es decir, las multas fijas a las grandes empresas no tienen en la práctica ningún efecto.

Pero ahora eso ya no será así, la multa se calculará por la ganancia que se obtuvo por haber cometido el ilícito. Es decir, ahora se va a impedir que puedan acumular riqueza a costa de la estafa a los consumidores, viendo afectado su patrimonio.  

La cárcel efectiva es, según mi opinión, una sanción que constituye el avance más claro y concreto para atajar los delitos de cuello y corbata. En nuestro país no existe la costumbre que los empresarios y ejecutivos vayan presos a pesar de haber cometido delitos que han hecho un daño a muchas personas.

Ese daño no se reduce sólo a lo económico. Cuando se manipulan los precios de los medicamentos no se afecta sólo la economía de la persona sino también su acceso a la salud. Cuando a una familia le cobran más por productos básicos, tal vez se esté afectando las posibilidades educativas de sus hijos. Los que causan ese daño tradicionalmente no se hacen cargo de ello. Hoy eso ya no va a ser así.   

Ahora el desafío es colocar en marcha la ley y que las instituciones se conviertan en un activo y efectivo persecutor de las prácticas de colusión en nuestro país. Solamente combatiendo los abusos se irá restableciendo la confianza.

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