La ley que regula los estacionamientos se encuentra actualmente en su fase final de tramitación en el Parlamento. Esta ley constituye un avance significativo en la defensa de los derechos de los consumidores respecto de la actual situación existente. La razón es muy sencilla, hoy las empresas de estacionamientos y centros comerciales operan sin regulación respecto a los consumidores, cometiendo abusos que esta ley corrige. Haré referencia a los aspectos más importantes.  

Actualmente el proveedor del servicio de estacionamientos no está sujeto a ninguna regulación respecto del cobro. Por ello es usual que se cobra redondeando al alza, por ejemplo, si se cobra por tramos de 20 minutos y una persona utiliza 45 se le cobra 60. Esto se acaba con el actual proyecto de ley. El proveedor deberá optar por dos modalidades de cobro. Si opta por el sistema de tramo vencido, y por ejemplo se fijan tramos de 20 minutos y se utilizó el estacionamiento por 45 se pagaran 40. En cambio, si se opta por el sistema de cobro por minuto, y la persona utilizo el estacionamiento por 17 minutos, sólo se le podrán cobrar los minutos efectivamente utilizados.    

Es común que en caso de perder el ticket se cobre una multa. Esto es un abuso, ya que no existe ningún impedimento para calcular la cantidad de tiempo que se utilizó el estacionamiento. Por ello el proyecto de ley prohíbe expresamente cobrar una multa por la pérdida del ticket. Se establece la obligación del administrador de calcular el tiempo efectivamente utilizado y sólo cobrar por ello. Con esto se elimina una situación injusta y arbitraria.

Hoy día, en caso de robo o daño el administrador no tiene responsabilidad, debiendo el consumidor entablar un juicio para hacer efectiva las responsabilidades. El proyecto de ley establece de forma clara la responsabilidad civil del administrador del estacionamiento en caso de robo o daños al vehículo y del hurto de especies. Sólo quedan excluidos de esta medida los estacionamientos municipales de la vía pública.   

Cobrar por el estacionamiento cuando se debe asistir de urgencia a un centro de salud no corresponde, por ello el proyecto de ley no permite el cobro en los servicios de urgencias.

Finalmente, se introduce la obligación de publicar las tarifas y los derechos.   

Creo que la manera de ir construyendo confianza entre los consumidores y empresas pasa justamente por establecer regulaciones básicas, que por un lado no entorpezcan su funcionamiento, pero que al mismo tiempo respeten los derechos de los consumidores en los servicios que prestan. Evitando los abusos podremos construir relaciones que devuelvan la confianza.

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