Se acaba de presentar el proyecto de reforma a la educación superior y se han hecho notar con fuerza las diversas críticas a esta iniciativa. Tanto los rectores de las universidades estatales como de las privadas y hasta los estudiantes, han salido a manifestar su rechazo -aunque con distintos argumentos- contra una iniciativa que envuelve una de las mayores promesas de la campaña presidencial de Michelle Bachelet: otorgar la gratuidad universal.

El propósito de asegurar que ningún joven con talento quede fuera de las oportunidades que la educación superior ofrece es ampliamente compartido. Aunque queda mucho por hacer, nuestro país ha avanzado en esta materia logrando, mediante becas y créditos subsidiados por el Estado, la mejor cobertura de Latinoamérica.

El acceso a la educación superior podría perfeccionarse destinando mayores recursos a quienes más los necesitan y terminando con ciertas discriminaciones arbitrarias en la asignación de las ayudas estudiantiles, que se reflejan por ejemplo en el trato diferenciado que tienen los estudiantes de carreras técnicas respecto de los universitarios. Pero el proyecto de ley presentado por el Gobierno insiste en una política que beneficia precisamente a las familias de mayores recursos, en vez de concentrarse en los más vulnerables.

La gratuidad universal prometida no sólo significa un gasto inapropiado de los recursos de todos los chilenos, sino que también afecta la calidad del sistema y limita las posibilidades de los jóvenes de poder escoger la institución que mejor se adecúe a sus intereses.

En efecto, la calidad se ve afectada porque las universidades, institutos y centros de formación técnica recibirán menos recursos que los que necesitan para llevar adelante sus proyectos, limitando sus posibilidades de desarrollo. Además, como consecuencia del diseño propuesto, las universidades se irán pareciendo cada vez más unas a otras, ya que los recursos limitados no les permitirán diferenciarse. Esto afecta precisamente a los jóvenes que tienen distintos intereses y capacidades, y que necesitan de alternativas distintas para poder ejercer su derecho a elegir.

Aún estamos a tiempo para corregir y destinar los recursos a otras necesidades urgentes, tanto en el mundo escolar como en otros ámbitos de las políticas públicas. Insistir en la gratuidad universal es un error que pagarán las futuras generaciones.

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