¿En qué estado se encuentra la reforma educacional? "El número de estudiantes (que tendrán gratuidad) va a estar alrededor este año de los 160 mil que corresponden a todos los alumnos hasta el quinto decil de las instituciones que adhirieron a gratuidad", dijo hace pocos días la ministra de Educación, Adriana Delpiano, respecto al número de beneficiarios que tendrá la gratuidad el año 2016.

Suena rimbombante, qué duda cabe. Incluso, parece un guión que está a punto de ver la luz para estrenarse como una película en Hollywood. Sin ir más lejos, es posible que la presidenta comience a dormirse en sus laureles luego de saber que las personas ya están comenzando a percibir los beneficios de sus reformas, tal como lo reflejó una encuesta en la que, levemente, empezó a repuntar.

Hasta aquí, todo en orden (para el gobierno). Sin embargo, la promesa incumplida de la presidenta Bachelet del sueño de la educación gratuita, sólo son titulares que tapan el sol con un dedo respecto al real escenario con el que se seguirán encontrando los estudiantes. Me explico: ¿Qué significa que miles de postulantes queden fuera de la gratuidad y que se hayan limitado las becas? Este contexto demuestra un objetivo meramente populista por parte del Ejecutivo y que, en cierta forma, esconde los reales hechos de la “educación gratuita” bajo la alfombra.

Por ejemplo, el hecho de que la Universidad Andrés Bello haya concentrado el mayor porcentaje de alumnos vulnerables siendo que no puede acceder a la gratuidad, lleva a preguntarnos por qué se utiliza una reforma en educación superior para solucionar el problema de la desigualdad. Y es que las diferencias existentes en nuestro país, más que económicas, son de acceso al conocimiento y de apertura cultural. 

Nadie discute que estos conceptos arraigados desde los orígenes educativos, pueden dar más opciones a los jóvenes del país para poder desarrollarse en el ámbito profesional y así construir un futuro auspicioso, pero aún queda algo en el tintero. ¿No será que el fortalecimiento de la educación municipal y el mejoramiento de la enseñanza en la primeros años de vida podrían ser los pilares para equiparar la cancha de la desigualdad en la sociedad chilena?

Tiendo a pensar que la promesa incumplida de la “educación gratis” es un simple eslogan para los medios de comunicación y para que este gobierno comience a subir en las encuestas. ¡Claro! Parece ser que la educación pública y la enseñanza en los primeros años de vida no entregan la popularidad necesaria para el alicaído gobierno de la presidenta Bachelet. 

Y si bien el asunto de la reforma educacional desde el punto de vista de la gratuidad fue un anuncio que hizo la mandataria cuando presentó su candidatura a la presidencia el 2013 –y que incluso reforzó, con medias tintas, en su discurso del 21 de mayo de 2015-, esta política pública tiene muchos matices. Nadie parece verlos. O por aún, son perceptibles, pero como el Ejecutivo se está acostumbrado a ver el vaso medio lleno, se desentiende y aplaude la medida mirando para otro lado. 

Los baches de esta política -como ya se dijo- se pueden ver en la Universidad Andrés Bello. Este plantel educacional concentra actualmente la mayor cantidad de alumnos vulnerables y hoy por hoy, está fuera del beneficio. De hecho, el rector de dicha casa de estudios, José Rodríguez, ya lo dijo en noviembre de 2015: “Cerca del 40% del total de alumnos que ingresan a nuestra institución está dentro de los cinco primeros deciles, por lo que como universidad hemos fortalecido nuestra política de becas para poder apoyarlos y evitar que por problemas financieros, un joven con méritos quede fuera del sistema”. 

Y en enero, con un poco más de optimismo, el rector de la UNAB, indicó: “Este año, 4.183 seleccionados pertenecen a los cinco primeros deciles de ingresos. Estos alumnos fueron excluidos de la gratuidad, pero como universidad, los beneficiaremos con becas internas durante toda su carrera”.

La arbitrariedad y la discriminación que trae aparejada la medida de gratuidad, parece ser la tónica al interior del los pasillos de La Moneda, donde muestra su ineficacia –en gran parte- con el caso de la Universidad Andrés Bello. No me quiero ni imaginar qué sucede con otras casas de estudios que realizan aportes al país y que por un mero capricho gubernamental, quedaron fuera del sistema (y, con él, miles de jóvenes que por ahora verán truncados sus sueños de acceder a la educación superior). 

Al gobierno solo le importan los titulares. Una real bajeza, si se considera que, en estricto rigor, los recursos parecieran no estar bien distribuidos. Esto se explica en que más de 40 mil alumnos postularon a las cuatro privadas que actualmente están sin gratuidad. A esto sumémosle que la gratuidad, tal como estaba pensada en sus inicios, iba a beneficiar a 264 mil estudiantes y hoy, como se dijo anteriormente, la política dejó a cerca de 100 mil jóvenes afuera. Son parte de los baches del gobierno, como ya se indicó. 

Pero ojo, viene marzo y, con él, la Ley de Inclusión. Sobre este punto, el Mineduc descartó que esta ley pase a llevar normas internas de colegios, pero los apoderados están escépticos. El presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (Amdepa), Eduardo Catalán, criticó hace pocos días que "ha faltado comunicación a los padres, que nos informen qué cosas nos permitirá hacer esta ley, no que lo informen a través de un link en Internet".

En otras palabras, con los hechos ya descritos, se refuerza la idea de la improvisación del gobierno en materia de la reforma educacional. Palabrerías más -o menos-, el Ejecutivo sigue dando pasos en falso en una de sus políticas –supuestamente- más emblemáticas de su programa de gobierno.

Ojalá que el “guión” de esta política termine en una buena película o, definitivamente, el telón se bajará antes de tiempo.

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