En democracia, la soberanía reside en la ciudadanía en su conjunto, es decir, ella tiene el poder para decidir el destino y rumbo de los asuntos públicos de su comunidad. La expresión mínima de dicha soberanía es la participación ciudadana en los actos electorales a través de su voto, con el cual se expresa una voluntad acerca de quién consideran la persona más adecuada para representar el interés de todos por un determinado periodo y en una determinada función pública.

De esta forma, los representantes que son nuestras autoridades, se deben a sus representados, es decir, a la ciudadanía, ya que son los intereses generales de ésta los que debe proteger y promover a través de sus actuaciones. Para que la ciudadanía pueda identificar cuál de los candidatos a los cargos de elección popular es el que efectivamente los representa se desarrollan campañas, las que tienen por objeto informar a dicha ciudadanía acerca de la ideología, propuestas, proyectos y valores de las distintas alternativas en competencia. Esto significa que son, justamente, las promesas de campaña las que orientan las decisiones ciudadanas en materia electoral y son éstas las que la motivan a entregar su confianza a una alternativa por sobre otra. 

Más allá de que éste vínculo se perfecciona y renueva en los momentos eleccionarios u otras instancias simbólicas, como la cuenta pública del 21 de mayo, en una democracia sólida y de calidad, sus efectos se deben expresar a lo largo de todo el periodo por el cual la autoridad ejerce su cargo de representación. La ciudadanía tiene derecho a exigir que el actuar de las autoridades no se desvíen de la finalidad de proteger y promover el interés general y hacerlos responsables política, administrativa o judicialmente, según corresponda, en caso de que no lo hagan. Para ello tiene derecho, también, a ser informada del desenvolvimiento de la autoridad en su cargo, de la forma en que ejerce el poder y cómo sus acciones se dirigen a satisfacer de forma concreta las promesas y propuestas hechas a la ciudadanía..

Así, exigir rendición de cuentas es un derecho ciudadano y un deber de los representantes y para ello es necesario que se cuente con los instrumentos adecuados que permitan a la ciudadanía, prensa y demás sectores informarse de forma detallada, sencilla y pertinente. Es este el objetivo principal de “Del Dicho al Hecho”, proyecto de la Fundación Ciudadano Inteligente que ha sido recién lanzado con ocasión de cumplirse un año del discurso del 21 de mayo 2015: hacer evidente el derecho de la ciudadanía a exigir dicha rendición, acceder a la información pública pertinente y ejercer las acciones de todo tipo para hacer valer la responsabilidad de los representantes cuando corresponda. Además, busca establecer un estándar respecto de la calidad y formato en que la información debe ser entregada a la ciudadanía, esto es, información relevante publicada de forma completa, comprensible y oportuna. Por último, busca promover el desarrollo de campañas, y discursos en general, más responsables, donde los candidatos a los cargos de elección popular configuren programas en los cuales se defina un lineamiento y proyecto político claro y concreto.

Todo esto es necesario para que se desarrolle el ideal democrático de mandato popular y de horizontalidad entre ciudadanos y autoridad. Para ello ponemos a disposición de la ciudadanía instrumentos que promueven el ejercicio de su rol de soberanos a todo nivel, desde los municipios, hasta la misma presidencia del país.

PB/MC