Las estadísticas demuestran que dentro de Latinoamérica, Chile es uno de los principales países con registros de ataques cibernéticos vinculados al phishing, siendo superados solo por Brasil. Asimismo, un estudio de la multinacional Kaspersky, especializada en seguridad informática, señala que durante 2015 dos de cada diez chilenos fueron víctimas de ataques informáticos, es decir un 20% de la población. Un número significativo y que posiblemente aumentará.
 
Ante este escenario, el gerente de Servicios de la empresa especializada en seguridad informática Novared, Jorge Rojas, señala que “en nuestro país no estamos alejados a la realidad mundial respecto a las amenazas informáticas. Sin embargo, posiblemente las amenazas más reiteradas que veremos en 2016 serán a usuarios finales”.

En este sentido, el experto de Novared recomienda a los usuarios mantener protegidos sus dispositivos móviles (ya sean smartphones, notebooks, tablets, etc.) con antivirus y actualizarlos periódicamente para evitar ser víctimas de ataques. Asimismo, agrega que es muy importante “ser rigurosos con la información que se entrega a terceros, tales como contraseñas o datos bancarios,  además de estar atentos a los sitios web a los que se accede y desde qué redes se hace”.

Finalmente, el experto recomienda a los usuarios tener cuidado con el uso de softwares piratas, ya que la instalación de este tipo de programas podrían traer consigo la infección del dispositivo con malwares muy dañinos. El consejo es siempre realizar descargas de programas en sitios legítimos.

En Chile, la legislación encargada de sancionar conductas relacionadas con el uso de internet data desde 1993, de hecho en ese entonces ni siquiera se masificaba el uso de la web a nivel de usuarios y mucho menos existía el alcalde de hoy, por lo que tenemos una normativa legal completamente anacrónica.

Para corregir esto, la diputada a cargo del proyecto de ley que busca tipificar y sancionar los ciberdelitos, Marisol Turres, aclaró en diálogo con Publimetro que “buscamos una legislación moderna y adecuada para que las policías y el Ministerio Público puedan perseguir una serie de conductas que hoy se desarrollan y que no tienen ninguna sanción porque no están tipificadas como delitos”.

Las principales conductas de los hackers y ciberdelincuentes que se busca tipificar como delitos son “el robar, destruir o dejar inutilizable cierta información” que hay en la web y que es de carácter privado, o la estafa conocida como phishing, que consiste en “adueñarse de los datos financieros personales de las personas con el objetivo de obtener recursos económicos de su cuentas bancarias”.

La intención del proyecto de ley es imponer sanciones que puedan traducirse en penas de cárcel efectiva por sentencias entre presidio menor en su grado mínimo (desde 61 a 540 días de reclusión) y presidio mayor en su grado medio (desde 10 a 15 años de reclusión). “Las penas dicen relación con la gravedad de los delitos, porque no es lo mismo hackear la página web del Ejército que la we un empresario, sabiendo que ambas conductas son graves pero que la primera puede tener consecuencias mucho peores para la seguridad nacional” y para un mayor número de personas, destaca Turres.  

Respecto a los avances de este iniciativa, que actualmente se discute en la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, la parlamentaria agrega que “es difícil hablar de plazos porque depende de que el Gobierno le ponga prioridad o urgencia a otros proyectos que ingresan a la comisión y eso lo va retrasando, aunque este es un proyecto bien transversal, que trabajamos en conjunto con la Policía de Investigaciones”, por lo que, a juicio de la diputada Turres, no debería tener grandes complicaciones para tramitarse.

Para el capitán del Os9 de Carabineros Renato Cárdenas, analista especialista en hechos de esta índole, lo más importante es “la prevención”, por lo que destaca que “es muy importante no abrir correos electrónicos desconocidos con ofertas bancarias u ofrecimientos de ese tipo, además de siempre verificar que los proveedores o quienes envían el correo utilicen sus canales oficiales”.

“Con el aumento de la tecnología y el mayor acceso  internet es evidente prever una proliferación de grupos dedicados a este tipo de delitos”, argumenta Cardenas, quien agrega además que “hay leyes especiales aplicables a delitos cibernéticos, pero claramente la persecución penal y las sanciones que tienen hacen muy difíciles aplicar responsabilidades, además que perseguir a los responsables de este tipo de delitos no es fácil, porque conocen como ocultarse bien en la web”.

El capitán del Os9 concluye que, desde su perspectiva, una legislación con la que se pueda “especificar y tipificar como delitos algunas conductas que estamos viendo en la actualidad”.