Ayer, las comunas de Providencia y Curicó inauguraron sus respectivas farmacias comunitarias, logrando así llegar a ocho bajo este modelo en el país. Éstas dos recientemente inauguradas se suman a Recoleta, Huechuraba, San Ramón, Viña del Mar, Coltauco y Rengo. 

Sin embargo, estos establecimientos populares que buscan entregar una oferta de medicamentos a precios considerablemente más bajos que las grandes cadenas, han debido sortear problemas de precios que les han impuesto los laboratorios farmacéuticos.

Así por lo menos lo plantea el Instituto de Salud Pública (ISP), quien como resultado de una investigación sobre diez laboratorios farmacéuticos, instruyó sumarios contra ocho de éstos por subir los precios a las farmacias populares. Los laboratorios son: Recalcine, Andrómaco, Saval, Glaxo, Pfizer, Roche, Chile y Socofar.

Dicho organismo ya notificó a las empresas cuestionadas, ya que se sospecha una eventual colusión entre ellas destinada a boicotear la venta al público de medicamentos hasta en un 70 por ciento más baratos de lo que hay en el mercado.

"Si nosotros detectamos en la investigación que estamos haciendo que hay sospecha de colusión, obviamente que entregaremos todos los antecedentes, junto al Ministerio de Salud, a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue y sancione estos hechos, que serían claramente oprobiosos y que no deben ser tolerados en una sociedad que se funda en la transparencia, en la confianza", dijo el director del ISP, Alex Figueroa.

De hecho los alcaldes de Recoleta y Huechuraba, Daniel Jadue y Carlos Cuadrado, respectivamente, denunciaron que los laboratorios Bayer, Astrazeneca, Glaxo, Euromed y Pfizer obstaculizan la venta a las farmacias populares, de los cuales sólo dos no están en la investigación del ISP. 

El alcalde Jadue señala a Publimetro que “efectivamente hay laboratorios que no nos quieren proveer y ponen en riesgo la salud de nuestros vecinos”. Y agrega que se deben endurecer las penas contra este tipo de delitos, porque “en el peor de los casos podrían pagar 1.000 UTM, que son cerca de $45 millones, lo que es absolutamente irrisorio considerando lo márgenes de utilidades que tienen”. 

Jadue valora lo positivo de este modelo que se está replicando en distintos municipios y señala que estas dificultades “son un boicot pasajero porque estamos organizándonos para conformar la Asociación Chilena de Farmacias Populares, con lo que vamos a tener un poder de compra que incluso nos va a permitir importar”. Con esto “vamos a poder manejar nuestras bodegas y nuestro stock y podrán boicotearnos pero efectivamente no podrán detenerlo no hacerlo caer”. 

Desde la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF), que representa a cuatro de los cinco laboratorios denunciados por Jadue, se defendieron a través de un comunicado de prensa donde señalaron que “no tenemos conocimiento de ningún antecedente que dé cuenta que alguno de los laboratorios mencionados que son socios de CIF se haya rehusado a vender a las municipalidades denunciantes”. 

Señalan además en el documento que “respaldan la iniciativa de las farmacias populares, que buscan contribuir a buscar fórmulas de solución al problema de acceso de las personas a los medicamentos”, y concluyen que “si existe evidencia concreta y específica de actuaciones de los laboratorios reñidas con la ley, corresponde a los denunciantes hacer llegar dichos antecedentes a la autoridad competente, el ISP”. 

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, se suma a los cuestionamientos que realiza el alcalde Jadue y señala además que sería importante implementar como política pública que “en todos los hospitales públicos de Chile hubiera una farmacia popular donde los pacientes pudieran comprar los medicamentos a precios justos y no treinta veces más caro”.