La Justicia chilena procesó bajo la ley antiterrorista a cuatro detenidos por el ataque y quema de un templo evangélico en la región de La Araucanía, informaron hoy fuentes judiciales.

Los hermanos Pablo (22), Benito (33) y Ariel Trangol Galindo (29), y Alfredo Tralcal Coche (45) fueron formalizados tras atacar una iglesia en una zona rural de la comuna de Padre Las Casas, caso por el que, además, se invocó la ley de control de armas.

La ley antiterrorista, que se creó, promulgó y aplicó en 1984 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) -aunque posteriormente ha sido objeto de cambios- es un articulado que tiene por objeto tipificar conductas o delitos terroristas y establecer penas más gravosas que los delitos comunes.

Los cuatro imputados ingresaron el pasado jueves a la iglesia disparando y con armas de fuego obligando a la gente a salir, para enseguida rociar combustible y prender fuego al inmueble.

Antes de escapar a pie, los atacantes dejaron pancartas alusivas a reivindicaciones mapuches, demandando la libertad de los "presos políticos" indígenas.

El fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, señaló que este hecho "da cuenta de una escalada de violencia".

Esa "situación obviamente nos preocupa y esperamos que también preocupe a quienes también tienen que tomar otro tipos de decisiones; y es un llamado de atención al sistema", dijo.

"Los antecedentes recabados dan cuenta de una violencia que no habíamos visto en otros casos", enfatizó Arroyo, en declaraciones que difunde el diario "El Mercurio".

En uno de los primeros ataques incendiarios a templos religiosos en esa zona, se encontró un lienzo alusivo a la causa mapuche y un panfleto en el que se leía una amenaza: "Todas las iglesias serán quemadas. Fuera. Libertad a los presos políticos mapuches".

En el sur se Chile existe desde hace años unos 20 años un conflicto derivado de reclamaciones de algunas comunidades mapuches por la propiedad de tierras que consideran ancestrales y las empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.

El conflicto ha derivado en la muerte violenta de varios comuneros, policías y agricultores, ataques incendiarios a propiedades, bosques y vehículos, así como varias decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos.

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