Malestar generó en las autoridades de la salud el resultado de un estudio de la Superintendencia del sector que dio a conocer diferencias de hasta 1500% en el precio de exámenes realizados en clínicas y recintos privados.

En una conferencia de prensa, el senador Guido Girardi, junto a la ministra de Salud, Carmen Castillo, y el Superintendente Sebastián Pavlovic, valoraron los antecedentes conocidos en el estudio y anunciaron una serie de medidas que permitirían dilucidar las causas de la diferencia de precios.

Más drástico aún fue el senador Guido Girardi (PPD), quien calificó el hecho como un “abuso inaceptable” por parte de las clínicas privadas y afirmó que se debe trabajar en establecer un “mínimo de transparencia” para el funcionamiento de estas empresas.

El legislador, adelantó, que estudiarán junto al Ministerio de Salud la creación de un "listado con precios preferenciales de exámenes" que permitan a las personas conocer previamente los precios.

Otro propuesta planteada por Girardi, corresponde al establecimiento de “una banda de precios” que permita regular los valores a cobrar. "En salud es necesario establecer una taza máxima de rentabilidad para un examen”, señaló el congresista.

La ministra Carmen Castillo, a su vez, valoró la información proporcionada por la Superintendencia y adelantó evaluar una forma de obtener estos resultados “de forma permanente”.

"Estamos trabajando en un observatorio de precios con el Instituto de Salud Pública, y algo ya se ha conversado sobre la posibilidad de hacer algo similar para los exámenes”, agregó Castillo.

Reacción clínicas

Mediante un comunicado, la agrupación de Clínicas de Chile cuestionó los términos en que las autoridades se han referido a los resultados del informe de precios.

"Los prestadores privados de salud operamos en un sector altamente competitivo, con precios transparentes disponibles al público, en el que los pacientes pueden libremente elegir dónde y con quién atenderse entre una amplia variedad de alternativas", señalaron.

Y agregó: “Rechazamos los juicios emitidos por las autoridades en los que se insinúan prácticas abusivas. Igualmente grave nos parece que se considere una regulación de precios sólo en base a información no analizada detenidamente".