Este miércoles se vivirá un día decisivo en el caso tsunami, porque las defensas de los acusados por la responsabilidad en la fallida alerta de maremoto emitida el 27 de febrero de 2010 y que provocó la muerte de 105 personas, deberán informarle al Ministerio Público si aceptan el ofrecimiento de suspención condicional del procedimiento realizado por el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf. 

El acuerdo se cerrará, según reproduce La Tercera, sólo si las defensas aceptan cumplir con una serie de condiciones, entre las que se cuentan el pago de un monto para indemnizar a los familiares de las víctimas y para costera un informe respecto de la mejora de protocolos de emergencia. 

La medida ha generado molestia entre las familias de las víctimas del maremoto producto de los eventuales acuerdos que se negocian entre la Fiscalía Oriente u la defensa de seis de los imputados para evitar el juicio oral. 

Cabe mencionar que ayer se anunció un acuerdo entre la fiscalía y los abogados del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende; la ex directora de Onemi, Carmen Fernández, y el ex jefe de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, para suspender el pronunciamiento de ellos, bajo condición de una tarea social y un monto -cercano a $180 millones- que repare el daño ocasionado a las víctimas.

Sobre el acuerdo, el abogado querellante Alfredo Morgado, que representa a un grupo de familiares de las víctimas, señaló que “si es que hay un acuerdo, entre la fiscalía y las defensas, eso tiene que ser aprobado por el tribunal de garantía, el que puede acogerlo o rechazarlo, y si lo acoge nosotros podemos apelar. En un principio el objetivo es llevar esto a un juicio oral”.

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