Tras ser formalizado por cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios en el marco del caso Corpesca, la fiscalía solicitó al tribunal la prisión preventiva del desaforado senador Jaime Orpis.

Según expuso la fiscal Ximena Chong en la audiencia, entre marzo del año 2009 y abril del año 2013, Orpis habría recibido un total de $233 millones de parte de Corpesca, lo que arroja un promedio de pagos equivalente a $4,6 millones mensuales.

A cambio, según la fiscal, el parlamentario debía realizar "determinadas acciones propias de su cargo en el Senado en favor de la empresa pagadora, o también otras, con infracción a los deberes de su cargo".

Agregó que se trata de "un delito reiterado de cohecho, que no es más que tener a un senador a disposición de Corpesca".

Por su parte, el fiscal Emiliano Arias -a cargo de la causa- afirmó que pese a los pagos, Orpis "no se inhibió de votar" en leyes que afectaban directamente a la pesquera, y promoviendo aquellos puntos que "favorecían a la firma".

"El senador se encontraba a disposición de los ejecutivos de corpesca para la representación de sus intereses, interviniendo y votando pese a tener un interés directo", remarcó Arias.

En cuanto a los delitos tributarios, la fiscalía acusó que Orpis facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, "y a través de esa vía justificar ingresos inexistentes".

Y acerca del fraude al fisco, se le acusa a Orpis de utilizar fondos del Parlamento que le eran entregados para contratar personal a su cargo, "apropiándose indebidamente" de ellos a través de dos modalidades: Abultar honorarios de asesores y simulación de contratos.
Según la fiscalía, el monto defraudado asciende a $153 millones.

Debido a la gravedad de los hechos y a que Orpis es funcionario público, la fiscalía argumentó que la única medida cautelar acorde con los delitos es la prisión preventiva de Orpis.

Además, la fiscalía solicitó arresto domiciliario total a Fernando Mujica, gerente general de Corpesca, quien fue formalizado por delitos tributarios y soborno.

Se estima que en la tarde, la jueza Ana Emilia Ethit, del 4° Juzgado de Garantía de la capital, se pronunciará sobre las medidas cautelares.

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