El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó las cautelares de firma quincenal y arraigo nacional para ex subsecretario Pablo Wagner, imputado por falsificación de instrumento público, en el marco de la investigación penal por las eventuales irregularidades ocurridas en la licitación del litio mediante el llamado Contrato de Operaciones Especiales (CEOL), que se adjudicó SQM en 2012 y que ese mismo año se invalidó.

Wagner, en concreto, será formalizado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la Fiscalía Oriente por el delito de falsificación de instrumento público por el proceso que se realizó durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

Para el abogado defensor, Sergio Rodríguez, aquí "no hay delito alguno, no se ha cometido ninguna falsedad, la empresa como tal no tenía litigios (…) de hecho la Contraloría General de la República ha señalado que no hay claridad sobre la materia".

De acuerdo al persecutor de la causa, Carlos Gajardo, la investigación se enmarca en el acta que habría favorecido a la minera no metálica SQM para quedarse con la explotación del litio por más de US$ 40 millones.

Según informó radio Biobío, la Fiscalía solicitará las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional en contra de Wagner, a lo cual suscribiría también el Consejo de Defensa del Estado, sin embargo, es posible que algunos querellantes en la causa pidan medidas precautorias de mayor intensidad, acusando que las omisiones en el concurso del litio fueron graves, que constituyen incluso el delito de cohecho.

Por este hecho, Wagner debió abandonar el Ejecutivo en el año 2012, debido a que este último asumió la responsabilidad del error que se cometió en la licitación, pues SQM incumplió las bases que establecían que las empresas oferentes no pueden tener litigios en curso con el Estado.

Por la causa en cuestión, ya está formalizada la ex jefa de jurídica de Minería, Jimena Bronfman, por haber firmado el acta que acreditaba que SQM cumplía con las bases exigidas para participar en el concurso público, cuando en realidad, la compañía no entregó una declaración jurada, requisito pedido por el Estado para participar en el proceso que fue invalidado por el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera.


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