La Fiscalía Metropolitana Occidente y los seis imputados en el caso Tsunami llegaron a un acuerdo de salida alternativa al juicio oral, luego que estos aceptaran las condiciones del Ministerio Público para suspender el procedimiento.

El acuerdo consiste en que los imputados se comprometan a mantener una conducta intachable durante un año, pidan una suerte de perdón público e indemnicen a los familiares de las víctimas del maremoto del 27 de febrero de 2010.

El detalle de las compensaciones económicas señala que Patricio Rosende (ex subsecretario del Interior) deberá pagar 80 millones de pesos; Carmen Fernández (ex directora de la Onemi) 40 millones de pesos, y Johaziel Jammett (ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi) dos millones de pesos.

Por otro lado, cada uno de los tres ex integrantes de la Armada, Mariano Rojas (ex director del Shoa), Andrés Henríquez (ex jefe de operaciones) y el ex oficial Mario Andina, tendrán que pagar 40 millones de pesos.

En total son 245 millones de pesos, de los cuáles cerca de $ 230 millones irán para los familiares de las víctimas y el resto se destinará para un seminario sobre cómo enfrentar las emergencias producto de estos desastres naturales.

Esta tarde, el fiscal occidente, José Luis Pérez Calaf, le informará a los abogados de los familiares del las víctimas del contenido del acuerdo, pero Carlos Fairlie, querellante en el caso en representación de ciudadanos de la zona de Constitución advirtió que dicho acuerdo será rechazado en tribunales.

“Esto fue un acuerdo a espaldas de las víctimas, y de esa perspectiva no podemos estar conformes con algo que ni siquiera fue comunicado en su oportunidad. Desde ahí nosotros haremos valer todos los recursos legales, entre ellos las apelaciones respectivas, porque creemos que esto no tiene sentido para las víctimas, el acuerdo indemnizatorio tampoco es para ellos”, dijo.

El acuerdo será dado a conocer por el fiscal Pérez Calaf el próximo 14 de marzo, en la audiencia de preparación de juicio oral del caso. Si el tribunal lo acepta, los querellantes pueden apelar a la Corte de Apelaciones de Santiago, y si ese tribunal de alzada rechaza el recurso, el caso se cerrará.

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