El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago informó que el tribunal oirá a los familiares de todas las víctimas del tsunami durante la audiencia del próximo lunes 4 de abril en la que se zanjará la suspensión condicional del procedimiento solicitada por el Ministerio Público.

La disposición fue adoptada por la magistrada, Carolina Gajardo, luego de que el pasado 14 de marzo la audiencia fue suspendida porque aún existían 17 familias de las personas que murieron el 27 de febrero de 2010 que no habían sido informadas del acuerdo alcanzado con los seis imputados en la causa para conseguir así una salida alternativa y evitar el juicio oral.

La magistrada Gajardo dispuso que la audiencia está amparada en lo establecido en el Código Procesal Penal, respecto del derecho legal “de ser oídas en su calidad de víctimas antes de que se resuelva la solicitud de suspensión condicional del procedimiento”.

Con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de la audiencia, la decisión de la jueza del 7| Jugzado de Garantía implica que las audiencias se desarrollarán en orden alfabético (según el nombre de las víctimas en cuya representación comparezcan) y agrupados por áreas geográficas.

La salida alternativa que deberá zanjar el tribunal dice relación con el acuerdo que la Fiscalía Metropolitana Occidente alcanzó con las defensas del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y de Johaziel Jamett, ex jefe de Alerta Temprana del organismo; del ex director del SHOA, Mariano Rojas, y de Andrés Enríquez y Mario Andina, jefe de turno y oficial de guardia de este último organismo.

A todos ellos se les atribuye responsabilidad en la errónea y tardía entrega de la alerta de maremoto que azotó las costas chilenas, luego del sismo de 8.8 grados de la madrugada del 27 de febrero de 2010.

El acuerdo al que llegó el Ministerio Público con los imputados, incluiría el pago de indemnizaciones a las familias de la víctima, pero ha concitado el rechazo de los familiares, quienes exigen que los imputados pidan perdón, algo que fue excluido del acuerdo, porque “implicaría reconocer responsabilidad”.

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