El 23 de marzo Mauricio Valero, el socio de Natalia Compagnon en Caval, deberá enfrentar de nuevo a la Justicia pues se evaluarán las medidas cautelares con las que quedó, que incluyen arresto domiciliario total, firma mensual y, por añadidura, arraigo nacional. Para la defensa del empresario, esta medida no se condice con la recibida por la nuera de Bachelet y esposa de Sebastián Dávalos, por eso quieren revisar que la medida haya sido justa, desde su propia óptica. 

“No existiendo antecedentes que justifiquen la existencia de los delitos formalizados ni que en los mismos quepa una participación de mi representado, nada justifica aplicar a este una medida cautelar más gravosa que la de su socia Natalia Compagnon”, aseguró a El Mercurio Roberto Jiménez, uno de los abogados de Mauricio Valero. 

Asimismo, el jurista indicó que la medida no se justifica considerando la eventual pena que recibiría Valero si es que alguno de los delitos se comprobaran. 

“Tiene irreprochable conducta anterior y ha cooperado siempre con la investigación”, agregó indicando que la pena posible sería de 541 días a 3 años, cuestión que podría terminan por no terminar en prisión a causa de las atenuantes. 

Cabe señalar que tanto él como Compagnon fueron formalizados por la presentación de declaraciones maliciosamente falsas para rebajar impuestos, cuestión que produjo un perjuicio fiscal de $118.872.912. 

Nueva investigación por eventual “engaño” a Vial Concha

Por otra parte, La Tercera dio a conocer una nueva línea de investigación que se abre en el caso Caval y que tiene que ver con los servicios de información que habría prestado esa empresa a la firma Vial Concha. 

En 2012 este último holding pagó $1.200 millones por una serie de asesorías pero tras ser llamado a declarar ante la Fiscalía, Gonzalo Vial Concha habría declarado que todo se trataba de un engaño. Para justificar sus palabras iba a entregar un dossier con 350 documentos entre los que se encuentran correos electrónicos e información bancaria. 

Según indica el medio escrito, en su declaración Gonzalo Vial habría dicho que "me he dado cuenta que todos de estos documentos, más de 300 pueden ser parte de un engaño cuyo único propósito era obtener dinero por parte de mis empresas, y que particularmente utilizaba información verdadera, con personas existentes, como por ejemplo José Guzmán, gerente General de Agrosuper (...) y que me dejó en una situación financiera muy compleja". 

Se cree que el dossier entregado ya está en manos de Labocar de Carabineros, en tanto, el fiscal Luis Toledo, a cargo de la investigación general, designó al fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, como encargado de seguir esta nueva arista. 

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