El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para comunicarle los antecedentes y alcance de la demanda de indemnización de perjuicios presentada por el organismo el pasado jueves contra la empresa LR Mimosa, propietaria del buque tanque responsable del vertido de 38,7 metros cúbicos de petróleo crudo en la bahía de Quintero, Región de Valparaíso, ocurrido en septiembre de 2014.

Tras la reunión, Piña subrayó que la demanda indemnizatoria persigue se condene la responsabilidad de los propietarios del buque tanque de modo de “cuantificar los perjuicios ocasionados y aquellos que son necesarios de anticipar, para efectos de reparar adecuadamente cualquier impacto que se haya producido en el medioambiente luego de éste lamentable vertido”. Desde esa perspectiva, precisó que hasta este momento “los gastos han superado los 800 millones de pesos pero, efectivamente, hacia el futuro es necesario resguardar adecuadamente los intereses y el patrimonio fiscal que aún deba invertirse para efectos de recuperación y que sin duda será mayor a esa cifra”.

El presidente del CDE añadió que actualmente la aseguradora del buque ha constituido un fondo de limitación de responsabilidad por un monto de $26.899.239.474, contra el cual se pagarán los montos indemnizatorios que en definitiva el tribunal establezca, por concepto de gastos derivados de las acciones de recuperación. “La demanda constituye un paso natural en la materialización de las acciones para recuperar los recursos fiscales invertidos tras el vertido y las consecuencias que éste tuvo y tendrá para el ecosistema dañado. A través de la potestad que la ley le otorga, el CDE ha ejecutado decididamente cada uno de los protocolos y procedimientos técnicos que permiten hoy avanzar hacia una condena de los daños y diversos perjuicios ocasionados”, explicó.

El ministro  Badenier afirmó que el derrame “no va a quedar impune. El Estado, a través de su Consejo de Defensa, ha interpuesto todas las acciones judiciales que permitan reparar el daño ambiental ocasionado a los pescadores, a la comunidad de Quintero, así como los gastos en que ha incurrido el Estado para poder controlar en su momento este accidente”, sostuvo.

Piña agregó que el camino judicial que se ha seguido “ha sido responsable, luego de haber concluido la investigación sumaria hecha por la Directemar” y que ahora resta “que los tribunales de justicia avancen para hacer efectiva las responsabilidades de los propietarios”.

La demanda

El 7 de enero pasado, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra de empresa LR MIMOSA, propietaria del buque tanque “LR Mimosa”­, en conformidad con lo dispuesto en el Convenio Internacional de 1992 sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debido a Contaminación por Hidrocarburos, más las normas complementarias de la Ley de Navegación y el Código de Comercio. Dicho Convenio establece que deberá responder el propietario del buque, aun cuando pudiesen existir terceros que intervinieron en la cadena causal del hecho.

La acción civil persigue que se condene a la empresa demandada como autora de los daños a pagar al Estado de Chile los diversos perjuicios que tal derrame ha ocasionado, perjuicios cuyo monto se reserva para la fase de cumplimiento incidental del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173, inciso 2, del Código de Procedimiento Civil, considerando los intereses y reajustes que correspondan. Asimismo, que se condene a la demandada al pago de las costas del juicio.

Precedente

A mediados de 2014, un fallo unánime la Corte Suprema constituyó la primera sentencia dictada en el marco de la Ley de Navegación que estableció responsabilidad civil por derrame de sustancias contaminantes en el medio marino. Ello, tras la demanda presentada en 2009 por el CDE en contra de las navieras Minimal Enterprises y Elmira Shipping & Trading, armadora y propietaria del barco Liquid Challenge, por su responsabilidad en la contaminación de la bahía de Mejillones tras el derrame de 2.500 litros de hidrocarburo IFO 380, en razón de lo cual, las demandadas deberán pagar todos los perjuicios resultantes para el Estado de Chile con ocasión del derrame en la bahía de Mejillones.

Actualmente el fallo se encuentra en etapa de cumplimiento.

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