Esta semana comenzó a regir el sistema de admisión escolar de la ley de inclusión en la región de Magallanes y la Antártica, lo que además de los cerca de 1450 postulaciones que se recibieron en dos días del inicio del proceso que se extenderá hasta el 23 de septiembre y el entusiasmo que han mostrado las autoridades del Ministerio de Educación, del lado del mundo particular subvencionado volvieron a exponer su rechazo a uno de los proyectos insinges de la reforma educacional impulsada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet. 

De parte de la Confederación de asociación de la educación particular subvencionada de Chile (Conapas), que reúne a 1300 colegios a lo largo de Chile, su presidente José Valdivieso, sostuvo que la principal merma para el sector educacional tiene que ver con la pérdida de la autonomía en los proyectos educativos. 

“El término de selección afecta directamente al proyecto educativo del colegio y a los apoderados, porque la selección que habrá ahora se basa en una serie de variables, pero que no le da la libertad a los papás para escoger donde llevar a sus hijos. Lo único que están haciendo es que todos los colegios de Chile sean iguales, que todos tengan el mismo tipo de proyecto y que inviertan en lo mismo y funcionen al unísono”, señaló a Publimetro el representante de Conapas.

La crítica de afectar el sistema de los establecimientos particulares subvencionado por parte de los sostenedores, no se queda tan sólo en esa arista, sino que los padres y apoderados agrupados en la Confepa (Confederación de padres y apoderados de colegios particulares subvencionados), han manifestado en varias ocasiones su descontento con la ley que tendrá que ser aplicada de forma nacional para el 2019. 

“Para nosotros es nefasta la implementación de la ley de inclusión, tan así que en estos días hemos estado asambleas para explicarles a los apoderados los alcances que tendrá la ley y los papás terminan llorando de impotencia de saber que el Estado le está quitando a los padres y apoderados el derecho a elegir donde estudian sus hijos”, expresó a Publimetro la vocera de la Confesa, Erika Muñoz. 

La agrupación de sostenedores de colegios con administración mixta, manifestaron que en lo que va de este año han visto un 35% de colegios que tienen la decisión de cambiar su administración a particular de forma completa, lo que traerá problemas de matrícula y eventuales cierres de establecimientos, y que más allá de estar disconformes con terminar con el lucro, lo mayor preocupación pasa por los tiempos que se establecen para terminar con el sistema actual. 

“Estaríamos conforme con mínimo dos años de plazo para transformarnos en sin fines de lucro, lo que quiere decir que estamos pidiendo de pasar del 31 de diciembre al 2017 para pasar al 31 de diciembre del 2019 porque hay que reparar y revisar todo, como se ha venido desarrollando la ley de inclusión tiene tantos errores que no se puede hacer de forma fácil”, argumentó José Valdivieso. 

Los padres y apoderados en voz de Erika Muñoz señalaron que al igual que los sostenedores esperan que se amplíen los plazos para que se puedan tomar las decisiones correctas y que los alumnos no “queden a la deriva”

“La famosa ley de inclusión no tiene nada, porque si esa es la inclusión que esperábamos para nuestro país, de lo que ellos tenían que preocuparse es generar mayor inclusión porque o sino nuestros hijos van a quedar afuera, queremos que nos reciba la ministra de Educación para lo cual estamos preparando una carta de petición para reunirnos con ella y tampoco descartamos una movilización”, enfatizó Muñoz.