Este miércoles la Comisión de Educación del Senado iniciará el estudio del proyecto de ley que busca eliminar las tareas para la casa, según confirmó el senador por La Araucanía e integrante de la instancia legislativa, Jaime Quintana, quien lidera la iniciativa junto a otros parlamentarios del bloque oficialista. 

“La extensión de la jornada escolar completa (JEC) suponía que cada establecimiento elaborara un proyecto pedagógico en miras a la participación de las comunidades y con ello, entregar el apoyo necesario a aquellos recintos que demostraran tener un proyecto educativo dentro del cual tuviese sentido la ampliación del tiempo escolar”, explicó Quintana. 

Sin embargo, el vicepresidente del Senado detalló que la JEC “no trajo como consecuencia un mayor efecto en el mejoramiento del aprendizaje. En cambio, el agotamiento de alumnos y profesores es visto como uno de los principales problemas de haber aumentado el horario de clases en 200 horas promedio al año, equivalentes a 6 semanas adicionales de clases”. 

Pero no es todo. A juicio de Quintana hay que tomar en consideración el “contexto familiar”, dado que el realizar las tareas en la casa implica que los padres y apoderados deben apoyar ese aprendizaje, y ello puede terminar “reforzando las brechas, dado que hay familias que no tienen las herramientas o recursos para poder ayudar a sus hijas e hijos a completar las actividades que se envían al hogar”. 

Ello se suma, recalcó Quintana, “al necesario tiempo de esparcimiento, de descanso y recreación. El que los niños puedan compartir con sus padres otros temas que no sigan siendo los mismos tratados durante ocho horas en el aula. Eso es lo que estamos pidiendo en esta iniciativa”. 

El parlamentario también se refirió al proyecto de reforma al sistema universitario y a los niveles de gratuidad universal que se podrían alcanzar en el corto plazo, luego de que la ministra de Educación, Adriana Delpiano detallara que el aumento de beneficio dependerá del crecimiento del PIB, y que en 2020 se podría llegar al séptimo decil, es decir, beneficiar al 70% más vulnerable. 

Al respecto, Quintana sostuvo que “es evidente que un gobierno responsable con las finanzas públicas tiene que dejar establecidas las vías de financiamiento y para gastos permanentes también tienen que haber ingresos permanentes”. 

Sin embargo, comentó que “hay otros elementos e indicadores que tienen que introducirse en el debate, hay que ver primero si el 70% va a estar para el 2020 o si podemos avanzar, tal vez más rápido, con la gratuidad a mayores deciles en las universidades del Estado, que son responsabilidad del Estado”. 

En esa línea, planteó que “con las universidades del Estado se debiera tener un trato distinto y eso significa, dado que es responsabilidad del Estado y de los gobiernos, un porcentaje mayor y la transición para esas instituciones del Estado no puede ser la misma que a otras universidades privadas”. Lo que no varía, agregó el parlamentario, es el compromiso del gobierno y de la Nueva Mayoría, que es uno solo: la gratuidad como derecho universal. 

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