El juez titular del Juzgado de Letras del trabajo, Jaime Álvaro Cruces Neira, condenó a la Ilustre Municipalidad de Talca a pagar $27.945.588 por despedir el pasado 30 de junio a tres funcionarios en razón de su orientación sexual.

La sentencia obliga al alcalde Juan Castro Prieto y a otros funcionarios municipales a capacitarse en "derechos fundamentales dentro de la empresa y el sector público, con un curso de a lo menos 12 horas pedagógicas, dictadas, a costa de la denunciada, por una Universidad acreditada ante la autoridad universitaria respectiva, por docentes especialista en Derecho Laboral".

Para el dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, se está en presencia "de un hecho de discriminación brutal sin precedentes, pues tres personas fueron despedidas al mismo tiempo por su orientación sexual (...) Nos encontramos con una sentencia de la máxima relevancia, pues junto con sancionar la homofobia laboral obliga a la más alta autoridad de una municipalidad a capacitarse, con lo que se busca también prevenir nuevos abusos”.

La sentencia benefició a J.D.P.U, quien se desempeñaba como funcionario administrativo de las dependencias de Insumos y Farmacia de la Dirección Comunal de Salud; a L.A.S.A; quien prestaba servicios kinesiológicos en la dirección comunal de salud, y el asistente social, César Ávila.

Explicaron que su orientación sexual se había hecho pública a partir de rumores que los vinculaban sentimentalmente con el director comunal de Salud, Hernando Durán, quien también ha presentado una acción de no discriminación arbitraria contra el municipio. Los rumores hablaban además de una fiesta privada donde habrían participado los trabajadores.

El municipio, por su parte, indicó que las desvinculaciones se llevaron adelante a raíz de "necesidades del servicio".

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