Hace pocos días, la Contraloría evacuó un informe en el que detalla la normativa con la que deben cumplir las Municipalidades para poder instalar una farmacia popular en sus comunas.

Según consigna Emol, el documento surge tras la petición del Municipio de Panguipulli de que el ente fiscalizador se pronunciara sobre la legalidad de expender medicamentos. Además de manifestar sus dudas respecto si procedía o no ejecutar el programa, ya sea a través de corporaciones municipales como farmacias administradas por ellos mismos.

Ante la solicitud, la Contraloría resolvió que las entidades edilicias "en el ámbito de su territorio, pueden desarrollar, directamente o con órganos de la administración, funciones relacionadas con la salud pública".

Respecto de la entrega de medicamentos, indica el informe "los establecimientos de salud municipal se encuentran habilitados legalmente para entregar medicamentos distintos de los que deben suministrar a sus beneficiarios". Pero remarca que, esto debe ser con fines de salud pública y no comerciales.

Sobre la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), la Contraloría indica que su papel será proveer de medicamentos a las entidades que integran el Sistema de atención primaria de salud municipal. Aunque las entidades edilicias pueden determinar adquirir los medicamentos sin su intervención.

El documento precisa que las farmacias populares podrán cobrar un valor por los medicamentos, pero sin fines comerciales. "Dado que la entrega de medicamentos es constitutiva de una nueva prestación de salud otorgada por los establecimientos de atención primaria de salud, es menester que el valor que se cobre por su otorgamiento se ajuste a la preceptiva que regula el mencionado arancel como máximo".

Preliminarmente serán 51 las farmacias populares que abrirán sus puertas durante el primer semestre de 2016, desde Arica a Punta Arenas.

PUB/NR