“Estamos en condiciones de enviar el proyecto en diciembre”. Así la titular de educación, Adriana Delpiano, descartó este lunes una nueva postergación en el envío de la Ley de Educación Superior al Congreso y confirmó que el jueves 31 de diciembre el Gobierno podrá entregar la iniciativa que contempla un nuevo sistema de financiamiento para estas instituciones.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional, en que se resolvió que los requisitos para iniciar la gratuidad serían “inconstitucionales” y “discriminatorios", las gestiones para encontrar una fórmula que le permita al Gobierno aplicar la gratuidad este año han enfrentado una serie de dificultades.

La principal: La imposibilidad de definir un plan a seguir hasta que se conozca el fallo del TC.

La sentencia que será notificada el próximo lunes 21 de diciembre- un día antes de que finalice el plazo para que las instituciones manifiesten si se integrarán a la gratuidad -será clave para que el Ejecutivo pueda dar a conocer de manera clara la información a los más de 280 mil estudiantes que rindieron la PSU este año y que el domingo 27 de diciembre iniciarán sus postulaciones.

Varios son los mecanismos que actualmente se estudian y proponen. Por un lado, las declaraciones que dieron los secretarios de Estado luego de su reunión de ayer domingo, muestran una apertura a considerar las becas como un camino. A pesar de ser una de las ideas que la Presidenta quería evitar, el fin que tendría esta iniciativa sería poder contemplar a aquellos alumnos vulnerables que no pertenecen a instituciones del CRUCh y cuyo financiamiento es uno de los grandes dilemas que enfrenta el Ejecutivo.

La otra opción que toma terreno, es poder reasignar los recursos de la glosa de gratuidad a diferentes programas de educación superior aprobados en la Ley de Presupuesto. Esto, permitiría a las universidades del CRUCh recibir fondos basales y poder implementar directamente la gratuidad a sus estudiantes.

Respecto a las soluciones que se barajan, el director del área de política educativa de Educación 2020, Manuel Sepúlveda, afirma que "el escenario es sumamente complejo, entendiendo que las opciones no responden a la problemática que tiene el sistema de educación superior". Explica que por un lado el aumento de becas es "nefasto y más de lo mismo" y que por otro lado, los aportes directos serían una mejor solución, pero que "hasta que no se sepa qué considera el Tribunal Constitucional como discriminación, lo más grave sería que el mundo técnico profesional queda en desventaja".

Cómo se ampliarán los beneficios a los institutos profesionales y los CFT ha sido una de las principales preocupaciones e incógnitas, a las cuales hoy el ministro Secretario General de Gobierno no tardó en responder. "Se examinarán todas las alternativas que permitan extender la gratuidad más allá de los límites del CRUCh", afirmó.

¿Qué dicen las coaliciones?

Hoy los presidentes de la Nueva Mayoría presentaron su postura al Ejecutivo, en la que se muestran alineados de manera unánime por entregar gratuidad a las universidades del CRUCh. Eso sí, con la condición de que la calidad de su educación sea garantizada. 

Por su parte, la oposición anunció que mañana martes, presentará una propuesta impulsada por diputados de Chile Vamos y cuyo principal objetivo, según afirma su vocero Hernán Larraín (UDI), es “darle a los chilenos vulnerables las mismas condiciones para poder estudiar en la educación superior".

Con principios como exigir acreditaciones y asegurar un consenso general, una de las soluciones que plantean es poder otorgar becas a los estudiantes que están dentro del 50% más vulnerable y que pertenezcan a instituciones acreditadas, dándoles la posibilidad de alcanzar la gratuidad máxima. 

Es así como la incertidumbre se ha transformado en el principal elemento de este debate, que no tendrá una respuesta definitiva hasta la resolución del TC la próxima semana. Y aunque el gobierno, a través de su vocero, afirma que su prioridad es “darle claridad y certidumbre a los jóvenes que van a postular a la educación superior”, las críticas a lo apresurado que podría estar siendo el proceso, se hacen cada vez más fuertes.

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