“Vamos a iniciar las acciones contras los padres. Llegó el momento de no solamente echarle la culpa a Carabineros y a la autoridad, pues los padres y apoderados tienen que hacerse también responsables de lo que están haciendo sus hijos en horario escolar“. Con estas declaraciones el Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, planteó los objetivos de las acciones interpuestas por el gobierno regional para evitar que se repitan hechos como los destrozos que sufrió el Internado Nacional Barros Arana (Inba) luego de una toma estudiantil.

La autoridad presentó una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra 19 personas que ocuparon las dependencias del histórico recinto. Quince de ellas son estudiantes del liceo.

La acción, presentada a nombre del Gobierno de Chile, fue acompañada por un oficio entregado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que los padres y apoderados se hagan responsables civilmente de los daños, que según la Municipalidad de Santiago alcanzarían los $400 millones.

Mientras tanto, el centro de alumnos y los padres y apoderados mantienen visiones disímiles sobre lo ocurrido y en cuanto a las responsabilidades por las graves consecuencias que tuvo la ocupación.

Desde la perspectiva de los dirigentes estudiantiles hubo reproches por lo que consideran como "falta de apoyo" de los padres.

“Repudiamos el actuar que ha tenido la autoridad durante las últimas semanas, porque nuestra movilización es totalmente válida y democrática al interior del liceo, y no estamos de acuerdo con las medidas tomadas. Además, el centro de padres no ha querido acercarse a conversar con nosotros ni nos quieren apoyar, sólo nos hacen críticas y nos gritan”, señaló a Publimetro el presidente del centro de alumnos y vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Diego Arraño.

En tanto, la presidenta del centro de padres y apoderados del Inba, Myriam Carvajal, se mostró conforme con la decisión de querellarse concretada por el intendente Orrego y concordó en la necesidad de encontrar responsables por los daños ocasionados al inmueble.

“Creemos que detrás de cada menor de edad hay un adulto responsable, y esa es la forma de hacerse cargo de los hechos que ocurrieron. Es la única forma, a esta altura, de empezar a frenar un poco el tema de hacer destrozos y después no asumir ninguna responsabilidad de los daños. Lo lamentamos por los papás involucrados, pero uno es responsable dentro y fuera de la casa”, afirmó.

La representante de los apoderados reveló que antes de la ocupación del establecimiento intentaron entablar conversaciones con los alumnos, pero ellos no se mostraron interesados en llegar a acuerdos, según dijo.

Sobre las identidades de los 15 estudiantes presuntamente involucrados en los hechos de violencia y que fueron detenidos, Carvajal dijo que no tienen conocimiento de sus nombres, ni sus padres o apoderados se han acercado al centro para conversar sobre el tema. La dirigenta manifestó su preocupación, ya que la organización no quiere asumir responsabilidades que no les corresponden.

“Hasta el minuto no nos hemos comunicado con los apoderados y ni siquiera sabemos quiénes son los alumnos involucrados, porque nadie nos ha entregado esa información. Necesitamos tenerla, porque en una situación anterior nos tuvimos que hacer responsables de vidrios rotos y desembolsamos $300 mil. Ahora no tenemos presupuesto para asumir ningún gasto más”, señaló.