Diversas reacciones ha generado el oficio de Contraloría en que se solicita a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) invalidar el pago de pensiones a once ex funcionarios de Gendarmería, entre quienes se encuentra la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, Myriam Olate.

La resolución advierte que Gendarmería fue notificada en 2012 de la incompatibilidad que poseía Olate para ser pensionada de Dipreca, esto ya que como requisito se exige que el funcionario desempeñe labores en un recinto penal, sin embargo, en la institución se hizo caso omiso de aquello y se mantuvo a la periodista en aquel sistema pese a que Contraloría decidiera que debía pasar al régimen de AFP.

La observación fue reiterada en 2014 sin ser corregida, y finalmente, en diciembre de 2015, Olate se jubilaría con una pensión mensual de $5.241.799.

Una situación que trascendió los años, las direcciones nacionales e incluso los gobiernos. Ya que el primer "llamado de atención" de Contraloría se remonta a la administración de Sebastián Piñera, mientras Teodoro Ribera era ministro de Justicia y Luis Antonio Masferrer se desempeñaba como director nacional de Gendarmería; y trasciende hasta la actual administración de Michelle Bachelet con Javiera Blanco en Justicia y el renunciado Tulio Arce en la cabecera del servicio.

Para el sargento segundo Carlos Fernández, secretario general de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile (Ansog), el hecho demuestra la investidura que poseía Olate dentro de la institución dada su relación con Andrade, quien en aquel periodo era el presidente del Partido Socialista (2010-2014). 

Según indica el dirigente a Publimetro, al interior de la institución ella "no era cualquier persona", por el contrario "era un personaje de bastante relevancia". "Todos sabían de quien era esposa", agrega.

Con relación a la sospechosa administración al interior de Gendarmería, donde los documentos demuestran que se hizo "oídos sordos" a las resoluciones de Contraloría y se habrían acomodado remuneraciones durante los últimos meses de función para elevar los montos de jubilación de algunos funcionarios, el representante de Ansog afirma que estas prácticas se inician "desde la dirección de Marcos Fuentes Mercado, es decir, desde que se deja al mando a un oficial de carrera. Allí comienza el problema y empieza toda esta cacería de brujas entre oficiales para acceder a los distintos beneficios", afirma.

Al ser consultado, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, teniente coronel Alberto Figueroa, aseveró lamentar y repudiar este tipo de prácticas, y enfatiza en que los responsables "tienen que responder administrativa y penalmente" por los hechos.

Sin embargo, tanto Anop como Ansog han cuestionado la definición del contralor general, Jorge Bermúdez, de invalidar aquellas pensiones que excedan el tope máximo de 60 UF ($1.570.419),  incluso prometieron "judicializar el asunto", ya que con anterioridad el ente fiscalizador se habría expresado a favor de las pensiones por sobre este margen.

Mientras tanto, la ministra de Justicia Javiera Blanco advirtió que como Ministerio "lo que nos toca es acatar", y aprovechó la instancia para recalcar que la definición de Contraloría demuestra que no es su cartera la encargada de calcular las pensiones.

“Lo que ha dicho la Contraloría es que hay 11 casos de pensiones calculadas por Dipreca que deben invalidarse, y en ninguno de esos procesos está el Ministerio de Justicia, por lo tanto,  no nos toca participar. Lo que nos toca a nosotros es acatar irrestrictamente lo que nos diga Contraloría, nosotros no estamos llamados a opinar”, enfatizó.

Inician procedimiento de invalidación

Este miércoles Dipreca anunció que procederá a la invalidación de las once resoluciones que concedieron las pensiones de retiro a los funcionarios de Gendarmería.

En este sentido,aclaran que la decisión "no implica la invalidación inmediata de las once resoluciones, sino el inicio de un procedimiento administrativo". Y agrega que tal etapa se iniciará dentro de los próximos 15 días hábiles y podrá extenderse por un máximo de seis meses. Finalizado esto, Dipreca dirimirá la procedencia de la solicitud.

Sobre los montos ya remunerados, este mismo ente es quien deberá decidir si durante este proceso se suspenden los pagos de forma total o parcial, así como la posibilidad de que los involucrados pudiesen devolver los excedentes obtenidos hasta la fecha.

PUB/SVM