Durante la sesión especial que analizó la situación de la Universidad Andrés Bello y su vinculación con las operaciones financieras realizadas en el país y en el extranjero por el grupo Laureate, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo – presentado por Cristina Girardi (PPD) y Alejandra Sepúlveda (Ind)- que busca crear una herramienta de fiscalización permanente en el Ministerio de Educación, que esté a cargo de la investigación y eventual sanción a las universidades privadas que lucran, en contravención a la legislación vigente.


Asimismo, se solicita a dicha cartera que patrocine la moción que tiene por objeto penalizar el lucro en las universidades, y que la Contraloría General de la República fiscalice todos los fondos públicos que hayan ingresado a las casas de estudios privadas. 


“La ministra de Educación ha puesto el acento en el trabajo de fiscalización que ellos están haciendo, en corroborar que la ley establece que las instituciones deben ser sin fines de lucro, y en determinar todas las alternativas oblicuas que están utilizando las instituciones para de alguna manera hacer lavado de dinero”, afirmó. 


La parlamentaria agregó que “eso no lo podemos permitir en Chile. El Ministerio lo tiene claro, sin embargo, sabemos que cuesta detectar cómo hacen estas instituciones para no invertir todos los recursos en educación como debiera ser. En el caso Laureate gran parte de estos recursos salen del país, no pagan impuesto, por lo que además del lavado de activos, habría fraude al fisco y a las familias en la medida que no se están invirtiendo los recursos en el proyecto educativo”. 


Por su parte, la diputada Sepúlveda sostuvo que “el país está cansado de las cosas a medias: aquí hay un delito, que es el lucro en la educación. El ex contralor Mendoza fue evidente, y nos señaló hace tiempo que el Ministerio de Educación cuenta con la musculatura para fiscalizar el lucro debidamente, a lo cual se suma las facultades adicionales que este Congreso Nacional le entregó al Ministerio. La pregunta es, ¿Va a existir o no la voluntad de fiscalizar todo lo que tiene que ver con los recursos públicos, independiente del destino que tengan?”. 


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