El año 2013, el Ministerio de Energía licitó y adjudicó a la empresa InterChile (filial del holding colombiano ISA) el desarrollo del proyecto “Plan de Expansión Chile LT 2×500 kV Cardones – Polpaico”, conocido coloquialmente como proyecto Cardones Polpaico. 

Este megaproyecto eléctrico considera la instalación de 336 torres de alta tensión entre La Ligua y Til Til, con el objetivo conectar las subestaciones Cardones, en Copiapó, y Polpaico, en Santiago. Diversos han sido los cuestionamientos de las comunidades y los alcaldes involucrados de las 4 regiones del país donde se extenderá esta carretera eléctrica: Atacama, Tarapacá, Valparaíso y Metropolitana.

Ante los cuestionamientos y acusaciones de distinta índole, se creó en la Cámara de Diputados en enero de este año la Comisión Investigadora Cardones Polpaico, integrada por 13 diputados de distintos colores políticos y representantes de las regiones involucradas en el proyecto. 

En este contexto, en la sesión de la comisión de ayer en la Cámara se presentaron antecedentes que señalan que familiares directos del ministro de Energía Máximo Pacheco se verían beneficiados con este proyecto, por tener terrenos en el trazado de la carretera eléctrica y, por ende, recibirían compensaciones económicas. Por esto, diputados anunciaron que acudirán a la Contraloría para que investigue esta situación y se logre una eventual inhabilidad de Pacheco por un presunto conflicto de intereses. 

La diputada y presidenta de la instancia parlamentaria, Andrea Molina (UDI), señala en diálogo con Publimetro que “hay una denuncia hecha por agrupaciones de la Quinta Región donde nos muestran antecedentes de familiares directos del ministro (de Energía) que tendrían terrenos tanto en la IV como en la V Región, de más de 100 hectáreas, y que estarían en la zona por donde va el trazado de este proyecto”.

Molina agrega que si estos antecedentes se comprueban “evidentemente habría una inhabilidad e incompatibilidad para ser parte del comité de ministros que vota este proyecto y de jinetear un proyecto de principio a fin con este tipo de conflicto de intereses que, obviamente, lo limitarían”. 

Complementa la parlamentaria asegurando que la ley “no permite que un ministro tenga vínculos directos de familiares en proyectos que esté liderando, además de haber también una actitud éticamente reprochable”. 

El diputado DC integrante de la mencionada comisión, Fuad Chahín, asegura que “según los antecedentes que recibimos ayer, habría un conflicto de interés por parte del ministro, puesto que hay familiares que tienen terrenos en la zona por donde se estableció el trazado, que eventualmente recibiría compensaciones por este proyecto”. 

Es por esto que “acudiremos a la Contraloría para que determine si existe un conflicto de interés y si el ministro Pacheco cumplió con su deber de abstención en el sentido de no participar de ninguna decisión en relación a este proyecto, porque la Ley 19.880 ordena que cuando hay un conflicto de interés la autoridad debe abstenerse de participar”. 

Consultado por Publimetro sobre este tema, desde el gabinete del ministro no accedieron a una entrevista y se remitieron a reenviar una declaración que ayer Máximo Pacheco dio a algunos medios: “Me parece estupendo que vayan a la Contraloría, porque les van a informar que la familia Matte tuvo un campo en Limache que fue expropiado bajo el gobierno de (Eduardo) Frei Montalve y por lo tanto no tengo conocimiento de ningún pariente que tenga campos en esa zona, y si los tiene no he tenido contacto con ellos”. 

El secretario de Estado señaló además que “la democracia funciona sobre la base de que las personas que tienen dudas planteen sus preguntas y que las autoridades correspondientes las respondan”. 

Respecto de los dichos de Pacheco, la diputada Molina concluye que “la información que se presentó dice relación con terrenos en la IV y V Región, y según entiendo el ministro habló sólo de unos terrenos en Limache, pero no hace mención a los terrenos en la IV Región, por lo que estomas haciendo acá es ejercer el rol fiscalizador que como diputados nos compete y ahora será la Contraloría quien tendrá que pronunciarse”. 

PUB / DIG